Corte dejó en firme juicio contra excongresista Murillo por fraude procesal en campaña
Al parecer, mientras fue director regional del Icbf, ejerció presiones indebidas en funcionarios para obtener beneficios económicos y respaldo
20 de octubre de 2025Contenido
La Corte Suprema de Justicia rechazó la reposición que interpuso la defensa del excongresista Jhon Arley Murillo y dejó en firme el juicio en su contra, por los delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falseda en documento privado.
La decisión la tomó el magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción, en el marco de la investigación que se adelanta en su contra por presunta obtención irregular de apoyo político por parte de funcionarios y contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, de Valle del Cauca, para su elección como congresista.
Con este hecho, queda por terminada la etapa instructiva y el caso avanza hacia el proceso de calificación del mérito probatorio, que es el paso previo al juicio penal.
La investigación contra Murillo tuvo sus inicios en una serie de denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades cometidas por el congresista mientras trabajó en el Icbf como director regional, entre 2008 y 2016, y durante su campaña al Congreso de la República, y también por un correo que envió la Procuraduría General de la Nación, en el que lo señaló de haber ejercido presiones indebidas sobre contratistas y funcionarios para obtener beneficios económicos y respaldo político.
"Con el cometido de que empleados y contratistas de la regional Valle del ICBF apoyaran a los candidatos vinculados al movimiento dirigido por Murillo Benitez; es más, se afirmó que la curul que obtuvo luego en la Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2018-2022 fue lograda 'gracias a los votos y aportes en dinero que seguimos haciendo'", se lee en la decisión de la Corte.
La Sala de Instrucción también confirmó que hubo anomalías en el informe de ingresos y egresos que la campaña de Murilló presentó al Consejo Nacional Electoral, CNE, en octubre de 2018, en el que se encontraron pagos que no fueron registrados y contratos que no habrían estado respaldados. Reveló que, entre estos, hay uno con la empresa Movilidad Integral S.A.S., avaluado en $185 millones, que se reportó como gasto de actos públicos, pero que no se ejecutó dentro de los términos pactados.