Judicial

Corte Suprema dictó siete años de prisión para Carlos Vargas Bautista por corrupción

La FM

El exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista fue condenado a 91 meses de prisión tras hallarse responsable de favorecer intereses personales

26 de febrero de 2026

Isabella Rodríguez Ángel

Canal de noticias de Asuntos Legales

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, a una pena de siete años y siete meses de prisión. La sentencia se fundamenta en la comisión de los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión, tras comprobarse irregularidades en el ejercicio de sus funciones judiciales.

El tribunal determinó que el exmagistrado no manifestó impedimentos ni advirtió conflictos de intereses en dos procesos judiciales tramitados entre 2014 y 2018. En dichos expedientes, su compañera sentimental participaba activamente, ya sea como apoderada de un consorcio en una demanda contra el Hospital Militar Central o como asesora jurídica en un litigio contra la Superintendencia de Sociedades.

La investigación estableció que Vargas Bautista coordinó con su pareja los términos de las pretensiones de los demandantes e intervino en el sistema de reparto para asegurar que ambos casos quedaran bajo su conocimiento. Asimismo, se comprobó la entrega de piezas procesales, borradores de fallos y lineamientos jurídicos a la parte interesada antes de emitir las decisiones oficiales.

Como contraprestación por estas acciones de favorecimiento, el exmagistrado recibió beneficios económicos y materiales. Estos incluyeron el 25% de la sanción pecuniaria impuesta al Hospital Militar en uno de sus fallos, además de la entrega de un vehículo de gama alta y un bien inmueble por orientar el proceso relacionado con la sociedad agrícola.

Además de la privación de la libertad, que deberá cumplirse bajo la modalidad de detención domiciliaria, el fallo impuso una multa de 160 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera, se dictó una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 91 meses.