Corte Suprema pide investigar posibles irregularidades en caso de Martha Peralta
Los señalamientos estarían relacionados con el desarrollo del proceso que la Corte adelanta contra la congresista
21 de agosto de 2026Contenido
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia puso en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y de la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos denunciados por la defensa de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, que podrían tener implicaciones penales y disciplinarias. Los señalamientos estarían relacionados con el desarrollo del proceso que la Corte adelanta contra la congresista.
La decisión quedó consignada en una comunicación suscrita por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos. Según el documento, la Sala tuvo conocimiento de un memorial presentado el 7 de julio de 2026 por el abogado Marlon Fernando Díaz Ortega, defensor de Peralta, dentro del radicado 1316.
En el escrito, la defensa manifestó que se habrían presentado situaciones que podrían haber incidido en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso. Además, se plantearon posibles irregularidades relacionadas con la manera en que se habrían ejercido competencias coercitivas dentro de la actuación penal.
Ante la naturaleza de los señalamientos, los magistrados resolvieron remitir copia de la documentación a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y a la Procuraduría. Estas autoridades deberán determinar, dentro de sus respectivas competencias, si los hechos denunciados tienen mérito suficiente para dar inicio a actuaciones y establecer eventuales responsabilidades.
La remisión, sin embargo, no significa que las irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas ni que la Corte haya atribuido responsabilidad penal o disciplinaria a una magistrada en particular. La comunicación pone los hechos en conocimiento de los organismos competentes, que serán los encargados de establecer si las actuaciones denunciadas vulneraron garantías procesales o implicaron un eventual uso irregular de facultades coercitivas.