Corte Suprema solicitó anular proceso penal y condena contra empresarios Dávila Abondano
La Sala Penal recordó que habían suscrito un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual aceptaron cargos a cambio de una rebaja de pena
29 de abril de 2026Contenido
La disputa judicial por el caso Agro Ingreso Seguro, AIS, sumó un nuevo capítulo luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitara a la Corte Constitucional revisar la tutela que anuló la condena impuesta a los empresarios Alfonso y Juan Carlos Dávila Abondano. La decisión busca que el alto tribunal constitucional estudie el fallo de la Sala Laboral que dejó sin efectos el proceso penal y la sentencia de 24 meses de prisión dictada contra los hermanos por el delito de peculado.
El presidente de la Sala Penal, magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, defendió públicamente la providencia emitida el 18 de julio de 2025, mediante la cual la Corte dejó en firme la sanción contra los empresarios del Magdalena. Según la investigación, los hermanos acudieron al fraccionamiento de predios en una finca para presentar proyectos independientes y acceder a subsidios agrícolas que estaban dirigidos originalmente a pequeños productores sin capital dentro del programa AIS.
La Sala Penal recordó además que los procesados habían suscrito un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual aceptaron cargos de manera libre, consciente y voluntaria a cambio de una rebaja de pena. De acuerdo con la corporación, esa aceptación de responsabilidad por peculado por apropiación agravado y tentado hacía improcedente que años después se cuestionara la legalidad del trámite penal que concluyó con la condena.
Sin embargo, el panorama cambió el 24 de abril de 2026, cuando la Sala de Casación Laboral concedió una tutela a favor de los hermanos Dávila Abondano. En esa decisión, los magistrados dejaron sin efectos el proceso desde la audiencia de verificación del preacuerdo y ordenaron repetir la diligencia para someter el pacto a un control material más riguroso. La Sala Laboral sostuvo que existió un presunto defecto procedimental y que la conducta atribuida a los empresarios sería “atípica”, además de cuestionar conclusiones probatorias del fallo penal.
Ante este choque entre salas de la Corte Suprema, la Sala Penal pidió la intervención de la Corte Constitucional, que ahora tendrá la posibilidad de seleccionar el expediente y pronunciarse de manera definitiva sobre la validez de la tutela. La decisión que adopte el alto tribunal no solo definirá el futuro judicial de los hermanos Dávila Abondano, sino que también podría fijar un precedente sobre los límites de la tutela frente a sentencias penales y preacuerdos celebrados con la Fiscalía.