Corte y Fiscalía defienden reforma a la justicia; Procuraduría se opone a rebajas de penas

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Este lunes, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, defendieron ante el Congreso de la República, en una audiencia pública, el proyecto de reforma a la justicia que será discutido en el Senado en los próximos días.

El presidente de la Corte Suprema defendió el proyecto, específicamente los puntos que hablan sobre condenas a violadores de niños, afirmando que el 70% los casos de la Sala de Casación Penal corresponden a delitos contra menores de edad.

“Es un dolor profundo que evidenciamos todos los miércoles, que nos corresponde conocer de la cantidad de proyectos que llevamos a sala, el 70% de los procesos está relacionado con delitos cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, y su mayor incidencia son los delitos que afectan la libertad e integridad sexual de estos menores”, comentó Chaverra.

Afirmó, adicionalmente, que el caso de Sofía Delgado genera un dolor “profundo”, debido a que además de administrar justicia, los magistrados de la Corte Suprema son padres de familia.

“Eso es un dolor constante. Lo que ocurrió el viernes nos llena de profunda tristeza porque somos administradores de justicia, pero también somos padres de familia, pertenecemos a un conglomerado social y todo ese tipo de ataques contra la libertad, contra la dignidad sexual de los menores realmente nos afecta”, añadió el magistrado.

Chaverra afirmó que hay muchas barreras para adelantar casos de delitos contra niños, lo que complica el testimonio de la víctima. Además, resaltó que esa demora beneficia la prescripción, permitiendo la libertad de los acusados y que se registren casos como el de Sofia Delgado.

Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que solo el 5% de los casos de la justicia llegan a etapa de juicio, pero ese porcentaje tiene colapsado el sistema judicial. Destacó que imponer una pena es un mecanismo de retribución, reparación y reconstrucción de tejido social.

“A juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país, y ese 5% tiene colapsados a los jueces. Y nosotros lo que necesitamos es repensarnos muy bien cuál es el sistema de justicia que tenemos, la pena es retribución, sí, claro, la pena es retribución, pero la pena también es resocialización”, afirmó Camargo.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación reiteró su oposición frente a la propuesta de rebaja de penas en delitos sexuales, incluida en el Proyecto de Ley 281 de 2024, actualmente en debate en el Congreso de la República.

Durante la audiencia pública de la reforma a la justicia, el Procurador Delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, llamó la atención por las posibles consecuencias que esta medida podría tener para la protección de las víctimas de violencia sexual y el adecuado funcionamiento del sistema penal.

Durante su intervención, el Delegado enfatizó en que los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos, la clave para garantizar justicia a las victimas.

Así mismo, para el ente de control la posibilidad de rebajar penas no garantiza una agilización de los procesos judiciales ni evitará la interposición de recursos.

Wolffhügel también explicó que, ya existen herramientas que permiten a los jueces acelerar los procesos judiciales, añadiendo que el sistema de justicia contempla mecanismos de “justicia premiada” a través de la aceptación de cargos, cuando se evita la exposición prolongada al estigma del juicio penal.

Añadió que, rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos como el abuso sexual, lo que afectaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas. También cuestionó si la rebaja de penas realmente mitigará la impunidad.

Finalmente, la Procuraduría reafirmó su postura institucional de que la justicia debe garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin socavar los derechos de las víctimas.