¿Cuáles son las nuevas penas que enfrentarían los capturados en el caso de Miguel Uribe?

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La Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre el fallecimiento del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, en nombre de la fiscal asignada, Luz Adriana Camargo Garzón, y confirmó que hoy se radicará una nueva solicitud de audiencia para imputar el delito de homicidio agravado a las seis personas que han sido capturadas en el caso hasta ahora.

Con este cambio, los cinco implicados mayores de edad podrían ser condenados a 50 años de prisión, mientras que el joven sicario que fue detenido justo después del ataque, se le podría imponer una pena máxima de ocho años en un centro de detención especial para menores.

Las personas que han sido capturadas hasta ahora son el joven menor de 15 años, quien habría sido el sicario que disparó contra el senador; Carlos Eduardo Mora González, señalado como presunto coautor del ataque por haber participado en la planeación del mismo y quien habría sido el encargado de llevar al menor al parque el Golfito; Katerine Andrea Martínez Martínez, alias "Gabriela", quien habría acompañado al joven en el lugar del ataque y habría participado en reuniones en las que se definieron los roles de los involucrados y se establecieron rutas de escape; William Fernando González Cruz, quien habría sido el encargado de recoger a los implicados en un vehículo; Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como el responsable de haber contratado al sicario y quien sería el enlace principal con el autor intelectual del homicidio; y Cristian Camilo González Ardila, quien habría sido designado para recoger al joven en una moto luego de que efectuara el disparo contra Uribe.

Hasta antes de la confirmación del fallecimiento, a los señalados se les había imputado los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El primero está tipificado, en el Art. 27 del Código Penal colombiano, como el acto en el que un sujeto intenta quitarle la vida a otro, pero que no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. En este caso, la pena corresponde con una fracción de la pena establecida para el homicidio consumado, la cual podría ir desde seis hasta 16 años de prisión y la imposición de multas económicas. Dicha pena puede aumentar si se demuestra sevicia o premeditación por parte de los señalados.

En cuanto al delito del porte de armas, el Art. 365 del Código Penal establece que las penas van desde nueve hasta 12 años de prisión. Esto quiere decir, que con las imputaciones que se adelantaban contra los señalados del ataque, habrían podido enfrentar hasta 28 años de prisión.

Con el fallecimiento del senador y la confirmación de la Fiscalía de solicitar la imputación del delito de homicidio agravado, el panorama para los implicados cambia, especialmente el de los cinco capturados que son mayores de edad, pues el Art. 104 del Código Penal Colombiano establece que las penas van desde 33 hasta 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes y especialmente si el acto se comete con fines terroristas o en contra de servidores públicos, periodistas, jueces o miembros de una organización política.

Los demás factores que podrían incidir en que se les imponga la pena máxima son la premeditación, demostrando que los señalados tuvieron una intención clara y deliberada de acabar con la vida de la víctima; la presencia de motivos fútiles, si el homicidio se cometió por razones despreciables como odio y venganza; y la crueldad, si fue perpetrado con ensañamiento.

Sin embargo, estas nuevas penas solo aplicarían para Carlos Mora, Katerine Martínez, William González, Elder Arteaga y Cristian Gonzáles, puesto que el joven sicario quedaría bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Srpa, en donde enfrentaría una pena máxima de ocho años en un centro de detención especial.

Durante las audiencias de imputación, los seis implicados se han declarado inocentes de los delitos imputados. Se estaría a la espera del avance del caso ahora que el precandidato falleció, la Fiscalía les imputara el delito de homicidio agravado a los capturados y todos los sectores se han pronunciado exigiendo celeridad en la investigación, para que no quede en la impunidad.