Cuestionan creación de protocolo que establecería cuándo intervenir en universidades

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Distintos sectores de la política y algunas instituciones educativas manifestaron su preocupación por el anuncio del Gobierno sobre la creación de un protocolo que definiría en qué casos las autoridades podrían intervenir en las universidades públicas ante hechos de violencia o vandalismo.

La medida fue presentada como un mecanismo para prevenir actos de destrucción de infraestructura durante las protestas que se desarrollan en inmediaciones de estos centros educativos.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación del protocolo en la noche de ayer domingo, con el propósito de establecer mecanismos de actuación frente a posibles hechos de violencia y daños a la infraestructura universitaria. Sin embargo, la propuesta generó posiciones divididas. La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández cuestionó la iniciativa y aseguró que podría vulnerar la autonomía universitaria, al considerar que son los rectores quienes deben determinar si las autoridades ingresan a las instalaciones.

En esa misma línea, la Universidad Pedagógica Nacional recordó que la autonomía universitaria es un principio fundamental del sistema de educación superior y que protege la libertad de pensamiento, la producción de conocimiento y el debate crítico. La institución advirtió que la militarización y la represión como respuesta a hechos de violencia dentro de las universidades han tenido graves consecuencias históricas y señaló que cualquier intervención que desconozca el principio de proporcionalidad podría afectar derechos como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica y la educación.

Hernández también sostuvo que la protección de la autonomía universitaria surgió después de periodos en los que distintos gobiernos tomaron control de los campus. “No puede vulnerar la autonomía universitaria que tiene protección constitucional. Quienes deciden si entra la Policía o no, son los rectores. Esta protección no es un capricho; nació precisamente después de que varios gobiernos militarizaron los campus en el pasado, cobrando la vida de numerosos estudiantes. No se equivoque Abelardo. No provoque a uno de los movimientos más organizados, críticos y resistentes del país: el estudiantil”, afirmó la senadora.

La Pedagógica, por su parte, pidió que la política pública se concentre en fortalecer integralmente la educación superior pública mediante una financiación suficiente, progresiva y sostenible.

Por otro lado, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, y la exsenadora María Fernanda Cabal defendieron la necesidad de que la autonomía universitaria no sea utilizada para impedir la aplicación de la ley. Galán afirmó que “autonomía no significa impunidad” y señaló que conductas como la fabricación de elementos explosivos o la venta de drogas deben ser sancionadas. Cabal coincidió en que las universidades no deben convertirse en espacios para el vandalismo y sostuvo que quienes protesten pacíficamente deben poder hacerlo, mientras que quienes incurran en delitos deben responder ante las autoridades.

Lo que dijo el presidente

Por su parte, De la Espriella señaló que no va a permitir que las universidades públicas "sigan siendo santuario de la violencia bajo ninguna circunstancia".

Aseguró que respeta y garantiza la protesta pacífica, pero que de igual manera la autonomía universitaria no es un cheque en blanco para la impunidad.

"He dado instrucciones precisas para un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, la intervención de las autoridades", agregó.