De la Espriella entregó libro que contiene 80 casos de corrupción durante el empalme

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En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella entregó este martes 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República el denominado ‘Libro de la Verdad’, un documento que reúne los principales hallazgos obtenidos durante el proceso de empalme anticorrupción realizado durante la transición presidencial.

El informe, elaborado durante las semanas previas a la posesión del nuevo Gobierno, contiene más de 80 actuaciones y casos que, de acuerdo con el Ejecutivo, presentan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos. Los hallazgos fueron puestos formalmente en conocimiento de los organismos de control y de la Fiscalía para que sean estas entidades las que determinen, dentro de sus competencias, si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

Durante el acto de entrega, realizado con la presencia de las cabezas de los organismos de control, el vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que el proceso involucró a cerca de 1.300 personas, 22 sectores de la administración pública y equipos provenientes de diferentes regiones del país.

“Cuando hay verdad, hay libertad para decidir, hay libertad también para actuar. Cuando hay verdad, hay responsabilidades de lo público y hay justicia”, aseguró Restrepo al presentar el documento.

Según el vicepresidente, el ejercicio buscó ir más allá de la revisión tradicional de documentos de empalme. Para ello, el equipo utilizó herramientas de auditoría forense, seguimiento a procesos de contratación, análisis de información e inteligencia artificial, además de una línea abierta para recibir denuncias de ciudadanos y servidores públicos.

Restrepo sostuvo que cada cifra incluida en el documento cuenta con trazabilidad y que los equipos buscaron contrastar la información antes de incorporarla al informe.

Patrones identificados por el Gobierno

Uno de los principales elementos del ‘Libro de la Verdad’ es la identificación de 9 comportamientos que, según el Gobierno, se repetirían en diferentes entidades y sectores de la administración pública.

El primero corresponde a la “destrucción del rigor técnico”, relacionada, según Restrepo, con decisiones que habrían desconocido normas, procedimientos, mérito y experiencia.

El segundo es el “colapso de la capacidad tecnológica”, asociado con sistemas obsoletos y plataformas que, de acuerdo con el informe, limitarían el control de la gestión pública.

El tercer patrón corresponde a la “opacidad y distorsión de la información pública”, que incluiría cifras incompletas, información que habría sido presentada de manera parcial y datos que requerirían verificación.

El cuarto es la “parálisis operativa”, que, según el vicepresidente, se habría identificado en 12 sectores y estaría relacionada con recursos sin ejecutar adecuadamente, presupuestos incumplidos y proyectos que no llegaron a materializarse.

El quinto corresponde a la “captura contractual y concentración del poder operativo”, por la presunta concentración reiterada de contratos y recursos en determinados contratistas.

El sexto es la “expansión del riesgo litigioso”, que se produciría cuando decisiones administrativas o contractuales generan demandas y sanciones que terminan afectando las finanzas públicas.

El séptimo patrón identificado es la “pérdida del control operativo”, particularmente en territorios donde, según el documento, grupos armados y economías ilegales habrían incrementado su presencia.

El octavo es la “fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica”, relacionada con entidades que actuarían de manera desarticulada, duplicando esfuerzos y diluyendo responsabilidades.

Finalmente, el noveno corresponde a la “capacidad fiscal restringida e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, que incluye, de acuerdo con Restrepo, situaciones relacionadas con derroche, aumento del gasto y sobreendeudamiento.

“Esos nueve comportamientos son la anatomía de las instituciones extractivas que encontramos, diseñadas en la práctica para concentrar beneficios y para decisiones en pocas manos, en lugar de dar oportunidades a todos los colombianos”, afirmó el vicepresidente.

Los cinco casos destacados por el vicepresidente

Aunque el documento reúne más de 80 actuaciones, Restrepo presentó durante el evento cinco casos que consideró representativos de los patrones identificados.

Uno de ellos está relacionado con el manejo de la deuda pública. Según el vicepresidente, se habría elevado de 50% a 100% el límite de adjudicación por emisión de títulos TES, con una concentración en pocos tenedores y tasas de colocación entre 13% y 15%. También señaló una acumulación de vencimientos para 2026, 2029 y 2030.

Restrepo sostuvo que esta situación puede terminar reduciendo los recursos disponibles para programas sociales, debido al mayor peso del pago de deuda e intereses dentro del presupuesto.

Otro de los casos mencionados corresponde al páramo de Santurbán. Según el Gobierno, tres semanas antes de dejar el poder y un día antes de la entrega de la administración, el Ministerio de Ambiente habría expedido resoluciones relacionadas con la delimitación de cerca de 29.000 hectáreas, situación que, según Restrepo, desconocería un fallo de la Corte Constitucional.

El vicepresidente también afirmó que persisten más de 200 bocaminas ilegales y que existe contaminación asociada con mercurio y arsénico en una fuente hídrica que abastece a cerca de 2,5 millones de colombianos. Añadió que la Procuraduría ya habría abierto expedientes disciplinarios sobre el caso.

El tercer caso corresponde a Fonigualdad. Restrepo aseguró que se habrían pagado $140.000 millones a una sola empresa temporal, sin que existiera, según los hallazgos presentados, soporte suficiente sobre el cumplimiento de la finalidad para la cual se contrataron los servicios.

Además, afirmó que, mientras la entidad se encontraba en proceso de liquidación, se habrían firmado otros contratos por $68.000 millones. Según el vicepresidente, la Contraloría habría calificado el riesgo como crítico.

El cuarto caso está relacionado con el programa Colombia Mayor. Restrepo señaló que los recursos asignados para el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2026 se habrían agotado en julio, lo que, según sus declaraciones, puso en riesgo la financiación del programa para cerca de tres millones de adultos mayores.

Finalmente, mencionó a la Cancillería, donde, según el informe, se habrían firmado 785 contratos por $83.000 millones antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Restrepo también cuestionó cambios en requisitos para representar a Colombia en el exterior y señaló gastos por $508 millones en sedes temporales.

“Estos cinco casos no son solamente una excepción, son una muestra representativa de más de 80 casos incluidos en el libro de la verdad”, afirmó.

Otros cinco casos que fueron presentados

Posteriormente, Germán Calderón España, director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentó otros casos que fueron considerados relevantes por su cuantía, naturaleza e impacto social.

El primero corresponde a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, específicamente a un proceso para el diseño, construcción y funcionamiento de una planta desalinizadora que comprometía recursos cercanos a $786.000 millones del Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con Calderón, el proceso se inició pocas semanas antes de finalizar el anterior Gobierno y fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación luego de una solicitud de intervención presentada por el equipo élite anticorrupción.

El segundo caso está relacionado con una sesión del Ocad de Ciencia, Tecnología e Innovación programada para el 6 de agosto, un día antes del cambio de Gobierno. En esa reunión estaba previsto definir proyectos financiados con recursos cercanos a $900.000 millones.

Según Calderón, la sesión también fue suspendida tras una solicitud del equipo anticorrupción y la intervención de la Procuraduría.

El tercer caso se refiere a la política de reforma agraria. Calderón aseguró que la Agencia Nacional de Tierras desembolsó $1 billón para adquisición de predios, mediante un convenio con la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

Según el análisis presentado durante el evento, durante 2025 solo tres de los 537 predios previstos habrían sido entregados con el registro de propiedad debidamente tramitado ante una notaría.

El funcionario aseguró que más de 95% de los predios habrían sido entregados sin un título debidamente legalizado, por lo que el Gobierno considera que podrían presentarse consecuencias sociales y jurídicas.

El caso fue trasladado, según Calderón, a la Fiscalía mediante una denuncia penal y a la Procuraduría mediante una denuncia disciplinaria.

El cuarto caso corresponde a los Caminos Comunitarios para la Paz, programa del Invías que involucró recursos por más de $612.000 millones destinados a juntas de acción comunal para obras de infraestructura.

Calderón aseguró que se encontró una baja ejecución y que en algunos municipios se habría girado la totalidad de los recursos pese a que las obras no presentaban avances físicos.

El quinto caso está relacionado con una contratación de servicios de ciberseguridad para entidades estatales, adelantada a través de Colombia Compra Eficiente. Según Calderón, aunque el proceso aparecía con un presupuesto de $0, el valor estimado de la contratación ascendía a $300.000 millones.

El proceso fue suspendido por la Procuraduría luego de una solicitud presentada por el equipo élite anticorrupción.

Ungrd, uno de los principales focos de preocupación

Uno de los puntos de mayor preocupación expuestos durante la presentación fue el funcionamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, especialmente por su papel en la atención de emergencias.

Calderón aseguró que durante los cuatro años del anterior Gobierno la entidad habría ejecutado apenas 4,3% de su presupuesto, mientras que se habrían girado $856.000 millones sin que, según sus declaraciones, existiera una urgencia manifiesta.

Además, señaló que se habría perdido el rastro de $1,38 billones en recursos.

Entre los casos mencionados aparecen recursos relacionados con convenios con el Igac y el Ministerio de Vivienda, obras de reducción del riesgo en La Mojana y el Caribe y la adquisición de canastas populares en La Guajira.

La situación cobra especial relevancia debido al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó numerosas víctimas y afectaciones en diferentes zonas del país.

“Hoy, esta entidad encargada de afrontar esta grave crisis no tiene recursos para hacerlo”, afirmó Calderón, quien destacó que el Gobierno entrante asumió la atención de la emergencia desde las primeras horas y anunció la búsqueda de recursos públicos y privados para la reconstrucción.

El ‘Libro de la Verdad’, presentado este 18 de agosto, es así el punto de partida de una revisión que podría extenderse durante los próximos meses y que tendrá en los organismos de control y en la Fiscalía la tarea de determinar qué ocurrió realmente con los recursos públicos señalados en el documento.