De La Espriella solicitó a autoridades investigar posibles casos de constreñimiento
Reportan que existen patrones de votación considerados atípicos en municipios con fuerte presencia de grupos armados ilegales
11 de junio de 2026Contenido
La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella presentó un documento de soporte probatorio en el que solicita a las autoridades electorales y judiciales investigar posibles casos de constreñimiento al sufragante y otras irregularidades electorales en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño durante la primera vuelta presidencial.
A través de su cuenta de X, De La Espriella aseguró que ya puso estas denuncias en conocimiento de autoridades de Estados Unidos. “Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narco política ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”, afirmó.
De acuerdo con el informe, existen patrones de votación considerados atípicos en municipios con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
De acuerdo con el documento presentado, en los tres departamentos el candidato Iván Cepeda obtuvo más de 70% de los votos válidos en 109 de 137 municipios analizados. Además, en 26 de esas localidades superó 90% de los sufragios y en algunos casos alcanzó niveles entre 95% y 98%. La campaña sostiene que 100 de esos 109 municipios coinciden con territorios que cuentan con alertas de riesgo electoral emitidas por la Defensoría del Pueblo debido a la presencia o disputa de grupos armados ilegales.
El documento también relaciona algunos de los municipios con mayores concentraciones de voto con zonas donde operan estructuras como el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Entre los casos señalados aparecen municipios como El Litoral del San Juan, Jambaló, Roberto Payán, Mosquera, Magüí Payán y Alto Baudó, donde el respaldo a Cepeda habría superado 97% de la votación. La campaña argumenta que estos resultados ameritan una verificación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
Como parte de sus argumentos, la campaña cita informes de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral, MOE, Indepaz y otras organizaciones que han advertido sobre riesgos de interferencia de grupos armados en distintos territorios. También menciona denuncias de autoridades regionales sobre presuntas presiones a comunidades rurales y restricciones a la movilidad de votantes en algunas zonas del país.
El documento aclara que no constituye una denuncia formal ni atribuye responsabilidades penales directas a ningún candidato. Por el contrario, señala expresamente que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, CNE, a la Registraduría, a la Procuraduría y a otros organismos verificar los hechos y determinar si existieron conductas que pudieran afectar la libertad del sufragio.