Decreto facultó al Gobierno para adjudicar tierras con coca en Catatumbo y sustituirlas

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Con el aumento de violencia y los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, se expidieron una serie de decretos enmarcados por la declaración de conmoción interior en el Catatumbo, en Norte de Santander y junto con ellos, pasó un artículo que faculta al Gobierno para adjudicar tierras de cultivo de coca con el compromiso de sustituirlas.

Específicamente, fue el artículo 14 del Decreto 180 de 2025, que, en su título III, en el que se fijaron las medidas extraordinarias para llevar a cabo la sustitución. "En el proceso de estabilización social, económica y productiva de las comunidades afectadas por los impactos derivados de la grave perturbación del orden público, la Agencia Nacional de Tierras adelantará, de forma prioritaria, los procesos de formalización de propiedad privada y adjudicación de bienes baldíos de la Nación, incluso en áreas afectadas por cultivos de uso ilícito", se lee en el documento.

En él, también se explicó que el reconocimiento de los derechos de propiedad, en caso de adjudicarse tierras de coca, estaría sometido a la obligatoriedad de sustitución de los cultivos de uso ilícito. "Para ello, se establecerá un plan de sustitución que será verificado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos", señaló el decreto.

Con este, Gloria Miranda, directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, estaría facultada para intervenir directamente en los predios, definir las actividades agropecuarias y productivas en calidad de sustitutivas y disponer de los insumos para dar inicio a estos ciclos de producción.

En uno de sus apartes, el decreto también señaló que los campesinos podrían recibir pagos por poco más de $1,2 millones por extraer y eliminar las matas de coca que tienen en sus tierras.

Sin embargo, el decreto resulta bastante polémico y podría, incluso, contar con falencias en su respaldo jurídico, porque presuntamente se habría violado el artículo 375 del Código Penal, con el que se prohíben los cultivos ilícitos y el expendio de estas sustancias. A su vez, no se habría tenido en cuenta las disposiciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, con las que se derogaron las resoluciones propuestas para implementar la política de drogas en la región del Catatumbo.

Entre las razones que habrían tenido los altos tribunales para tomar esa decisión, está que, específicamente el Catatumbo es la zona con mayor presencia de cultivos de coca, con alrededor de 43.000 hectáreas, hecho que no justifica el uso de medidas de excepción.

"Justificar la expedición del decreto en la necesidad de implementar, de forma urgente y prioritaria, medidas extraordinarias tendientes a impulsar la sustitución de cultivos de uso ilícito en todos los municipios de la región del Catatumbo, desconoce que el problema de los cultivos de uso ilícito es histórico y estructural y, por lo tanto, no puede ser atendido a partir de medidas extraordinarias”, explicó la Corte.