Defensa y la UNP defienden a la Fuerza Pública por presuntos nexos con disidencias
Rodríguez sostuvo que aunque en la caravana si habían personas con órdenes de captura, el Gobierno necesitaba incrementar el número de personas en la participación de los diálogos
03 de diciembre de 2025Contenido
Una vez concluido el debate político desarrollado este miércoles 3 de diciembre en el Congreso de la República, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, opinaron respecto a los avances en la investigación por los presuntos nexos entre el Ejército y las disidencias de alias Calarcá.
El primero en tomar la vocería fue el ministro Sánchez, quien declaró que, “no toleramos que un traidor esté al lado de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte".
A su vez, expuso que a lo largo del año han recibido alrededor de 18.093 llamadas sobre posibles conexiones corruptas entre militantes, no obstante, sólo 26 de ellas se han confirmado por investigaciones de la Contrainteligencia de las Fuerzas Militares.
En cuanto al caso del general Juan Miguel Huertas, el jefe de Cartera denominó como una falta de respeto llamar al Ejército y a la cúpula policial “Cartel de los Soles”, asegurando que estas instituciones siempre han velado por la transparencia y seguridad de los colombianos.
“Hemos tenido que echar a gente de la Fuerza Pública, las hemos llevado, incluso, a la cárcel y no hemos parado ni un instante”, dijo Sánchez refiriéndose a la desconfianza que ha desarrollado la sociedad colombiana frente a los presuntos nexos con Calarcá.
“La Fuerza Pública es la institución que más goza de índice de favorabilidad en el país, con 76,6%, un aumento de 2,2% frente a la medición del año anterior”.
Sánchez recalcó que estos datos no son para vanagloriarse, sino que se honre con mayore respeto a la Policía y al Ejército Nacional.
Por otra parte, Augusto Rodríguez, director de la Unidad de Protección, expuso que la caravana que fue detenida el año pasado en Anorí, Antioquia, con la que se pudo extraer el material que en la actualidad vincula a las Fuerzas Públicas con las disidencias de alias Calarcá, era legal, pues se estaba protegiendo a Calarcá, quien para ese entonces hacía parte de los diálogos de paz con el gobierno.
Rodríguez sostuvo que aunque en la caravana si habían personas con órdenes de captura se necesitaba incrementar el número de personas en la participación de los diálogos.