Defensor del Pueblo denunció que han habido incumplimientos a las comunidades de La Guajira

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El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en el marco de una audiencia de la entidad en el departamento de La Guajira, aseguró que los niños de esta región del país requieren acciones inmediatas del Gobierno Nacional para garantizar sus derechos, debido a que se han presentado incumplimientos en la atención de estas comunidades.

“A pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garanticen los derechos de toda la comunidad Wayúu y por eso a los niños y niñas de La Guajira les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados”, dijo Negret durante la Audiencia que se desarrolló en la capital de La Guajira.

Allí también se realizó el seguimiento interinstitucional al cumplimiento de los fallos judiciales y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que están dirigidos a la superación de la grave crisis humanitaria por cuenta de la mortalidad infantil por desnutrición y sus causas asociadas en esta zona del país.

De acuerdo con la Defensoría, se ha evidenciado el incumplimiento por parte de las autoridades del país en garantizar los derechos de los niños y niñas, las mujeres gestantes y lactantes, y las personas mayores de estas comunidades.

En este sentido, un reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), reveló que entre los años 2012 al 2016 fallecieron 244 niños y niñas por desnutrición y causas asociadas en este departamento. Además, según el Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido del año, con corte al 24 de marzo, se han reportado 16 muertes con diagnóstico de desnutrición y otras causas asociadas.

“El Programa de Alimentación Escolar (PAE) no funcionó. Le propongo al Gobierno que este vuelva al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que sea una sola cabeza la encargada, porque cuando se dividen las responsabilidades las cosas no funcionan”, aseguró el defensor.

Asimismo, la entidad señaló que los informes presentados por el Gobierno Nacional no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable para las comunidades Wayúu.

"La Defensoría recibió información que se han desarrollado proyectos en el marco de la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántas personas efectivamente están accediendo a agua potable. Para la entidad, esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH", indicó.

Frente al tema de seguridad alimentaria, Negret aseguró que es necesario formular un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, que garantice la disponibilidad de alimentos de calidad, el acceso y consumo para los habitantes de estas zonas.

"En el abordaje del derecho a la salud se debe ir más allá del discurso ante la realidad encontrada por la Entidad. La cobertura de afiliación no ha logrado llegar al 100 % de la población. Asimismo, la Defensoría encontró que no hay insumos para medir el acceso en condiciones de oportunidad y pertinencia a la población", indicó la Defensoría.