"Las elecciones serán libres y en paz si los riesgos se atienden con acción conjunta"

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En el marco de la época preelectoral, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el informe de Alerta Temprana para las elecciones 2025 - 2026, en el que se calcularon los niveles de riesgos electorales por municipio y se formularon recomendaciones para las autoridades intervinientes, en pro de garantizar la seguridad en las diferentes jornadas electorales.

De inicio, Marín aseguró que "las elecciones serán libres y en paz, siempre que los riesgos se atiendan con oportunidad, responsabilidad y acción conjunta”.

Sobre el análisis por municipio, la defensora informó que 62 tienen llamado a la acción inmediata frente a riesgo actual; 162 llamado a la acción urgente frente al riesgo probable; 425 llamado a la acción prioritaria frente a riesgo latente; 216 llamado a observación permanente frente a riesgo fluctuante; y 257 llamado a la acción ordinaria frente a bajo riesgo.

Por su parte, con respecto a las regiones, Marín informó que en el Caribe (macrorregión conformada por 135 municipio), 5,2% tienen llamado a la acción urgente, 60% a acción prioritaria y 47% estarían en estado de observación permanente. "Esta alerta no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción", afirmó.

Seguido de eso, afirmó que la región Nororiente (conformada por 287 municipios), 3,1% tienen llamado a la acción inmediata, 13,6% a acción urgente, 25,4% a acción prioritaria, 10,8% a observación permanente y 47% restante a acción ordinaria. Marín resaltó que, frente a esta zona, se hace un llamado a la coordinación, la responsabilidad y el compromiso ético para blindar los procesos de democracia.

La defensora continuó con la región Noroccidente (conformada por 178 municipios), sobre la que aseguró que 5,6% tienen llamado a acción inmediata, 21,3% a acción urgente, 36% a acción prioritaria y 37,1% deberían contar con observación permanente.

Prosiguió con la región Suroccidente (conformada por 148 municipios), sobre la cual resaltó que es una zona "prioritaria, pues es la que tienen mayor porcentaje de llamados a la acción inmediata, con 24% de los municipios". También afirmó que 29,1% cuentan con llamado a acción urgente, 39,9% a acción prioritaria y 6,8% a observación permanente.

Marín continuó con la región Suramazonía (conformada por 84 municipios), sobre la que informó que 4,8% de los municipios tienen llamado a acción inmediata, 13,1% a acción urgente, 59,5% a acción prioritaria, 14,3% a observación permanente y 8,3% a acción ordinaria. Luego, se refirió a la región Orinoquía, de la cual destacó que únicamente 4% tienen llamado a la acción inmediata y 13,3% a acción urgente.

Finalmente, sobre la región Andina (conformada por 215 municipios), aseguró que 6,5% tienen llamado a acción urgente, 20,9% a acción prioritaria, 22,3% a observación permanente y 50,2% restante a acción ordinaria.

Terminada la presentación de los riesgos por municipios, Marín reafirmó que “las elecciones de 2025 y 2026 se podrán realizar como se han podido hacer históricamente en Colombia, gracias a la cooperación institucional”. La defensora también señaló que "ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”.

Marín prosiguió con la formulación de 20 recomendaciones para garantizar la seguridad en las jornadas electorales, las cuales dividió en cinco grupos: al Ministerio del Interior, le solicitó fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales; al Ministerio de Defensa, garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo; y a la Unidad Nacional de Protección, UNP, a implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.

También alertó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre la importancia de "asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral". Por último, hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías a "vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos".

Marín reafirmó que el objetivo de la Alerta Temprana no es de carácter político o partidista, sino que tiene un enfoque preventivo y democrático: "aportar a la protección de la ciudadanía y a la preservación de la tradición democrática del país, en la que históricamente se han celebrado comicios incluso en escenarios de adversidad".

Luego de la presentación del informe, la defensora dio respuesta a otras dudas que surgen con respecto a las jornadas electorales que se avecinan. Sobre las dudas de la realización de elecciones en territorios con fuerte presencia de grupos armados, Marín aseguró que los mayores riesgos se relacionan con financiación y con la posible creación de alianzas entre actores políticos y armados.

Seguido de eso, se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, en las que aseguró que ella no conoce el territorio, y aseguró que el estudio de alerta temprana está hecho con base en el estudio de más de 100 funcionarios en territorio. “Yo soy solo la vocera de una metodología institucional sólida y aprobada”, reafirmó.

Finalmente, Marín reafirmó que lo más importante del reporte de alertas preventivas para las elecciones es revisar profundamente las recomendaciones hechas por grupos y que cada entidad y autoridad empiece a trabar en pro de las garantías de seguridad de los votantes y los candidatos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien estuvo presente durante la entrega del informe de Alerta Temprano, aseguró que, precisamente, estos estudios sirven para complementar el Plan Democracia que se ha venido implementando desde marzo y, de esa forma, priorizar y focalizar los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad en las elecciones.

Sobre las consultas interpartidistas del próximo 26 de octubre, Sánchez aseguró se desplegarán entre 80.000 y 100.000 uniformados. "Y, para las elecciones del año entrante, que involucran a 13.400 puestos de votación, vamos a desplegar alrededor de 170.000 a 180.000 uniformados de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad", señaló.