Defensoría alertó por desplazamiento de comunidades en municipios del Chocó
La entidad identificó durante un recorrido del 19 de agosto riesgos de desplazamiento forzado y confinamiento en seis comunidades de ambos municipios
25 de agosto de 2026Contenido
La Defensoría del Pueblo alertó por una nueva afectación a comunidades indígenas y afrocolombianas de los municipios de Sipí y Nóvita, en Chocó, debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. La situación ha generado desplazamientos y confinamientos en una zona que, además, continúa enfrentando las consecuencias de la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La entidad identificó durante un recorrido del pasado 19 de agosto riesgos de desplazamiento forzado y confinamiento en seis comunidades de ambos municipios. En ese momento, cerca de 405 familias, correspondientes a unas 1.366 personas, fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina ante las condiciones de seguridad.
La situación se agravó el 23 de agosto, cuando se registró un ataque con un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados, que dejó tres civiles heridos: dos hombres y una mujer. Como consecuencia de este hecho, otras 90 familias, equivalentes a 118 personas, se desplazaron hacia las comunidades de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo.
De acuerdo con la Defensoría, la población afectada pertenece principalmente al Consejo Comunitario Acadesan y al pueblo indígena emberá. En total, el organismo estima que los hechos están afectando a 384 familias y 1.339 personas, quienes además enfrentan el riesgo de contaminación de sus territorios con artefactos explosivos como consecuencia de los recientes ataques con drones.
La entidad advirtió que la situación resulta especialmente preocupante porque estas comunidades ya enfrentaban dificultades derivadas del terremoto del 10 de agosto. A las necesidades ocasionadas por la emergencia natural se suman ahora las restricciones impuestas por los grupos armados que disputan el control territorial, lo que dificulta el desplazamiento y la llegada de ayudas humanitarias a las zonas afectadas.
La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades garantizar el desplazamiento seguro y la atención humanitaria de las comunidades, con especial protección para niños, adultos mayores y población étnica. También solicitó reforzar el monitoreo de la situación y adoptar medidas para prevenir nuevos desplazamientos y confinamientos en los municipios del San Juan.