Defensoría del Pueblo alertó por compleja crisis humanitaria en el Chocó

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La Defensoría del Pueblo alertó que el Chocó atraviesa una compleja crisis humanitaria por la concurrencia de diferentes emergencias que afectan principalmente a pueblos étnicos y comunidades rurales. A la violencia armada, los desplazamientos y confinamientos se suman los daños ambientales y las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, que han agravado las condiciones de población que ya enfrentaba restricciones de movilidad y dificultades para acceder a servicios básicos.

Uno de los principales focos de preocupación está en la subregión del San Juan, donde se ha advertido un deterioro de la situación de seguridad. En la comunidad de San Agustín, en Sipí, integrantes del Clan del Golfo restringieron durante tres días la movilidad de los habitantes e impidieron actividades tradicionales de producción. Posteriormente, se registraron enfrentamientos entre este grupo y el ELN en el territorio étnico del Consejo Comunitario General del San Juan, Acadesan, y zonas rurales de Nóvita y Sipí, incluidos ataques con drones cargados con explosivos.

Los enfrentamientos han generado nuevos desplazamientos y confinamientos. El 23 de agosto, los ataques con drones en Charco Hondo, Sipí, dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón. De manera preliminar, 652 familias, equivalentes a cerca de 3.000 personas, permanecen confinadas en comunidades de Sipí y Nóvita. Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto también fueron verificados daños en viviendas y bienes colectivos ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, además de afectaciones psicológicas entre los habitantes.

La situación se extiende a otras zonas del departamento. También se ha reportado el desplazamiento de comunidades indígenas ubicadas en los kilómetros 18 y 90 de la vía Quibdó-Medellín, debido al incremento de actividades del Clan del Golfo y el ELN. En la parte baja del río Tamaná, varias comunidades enfrentan zozobra y restricciones a la movilidad, con un reporte de 129 familias afectadas. A esto se suma el desplazamiento de 40 personas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron hacia otros lugares del país.

Otro factor que agrava el panorama es el avance de la minería ilegal y el ingreso de maquinaria pesada en sectores de Lloró, Bagadó y otros corredores del departamento. Esta actividad afecta a comunidades afrodescendientes, negras e indígenas y provoca daños en los ecosistemas, además de convertirse en un nuevo escenario de disputa territorial entre actores armados ilegales. Los confinamientos continúan en Alto Baudó y Bajo Baudó, mientras también existe riesgo de nuevos desplazamientos y confinamientos en comunidades étnicas de Juradó, Nuquí y Bojayá.