Defensoría hará seguimiento a acuerdos que suspenden seis meses cortes de energía

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Después de que el Gobierno Nacional, entes departamentales y locales del Caribe y la empresa Air-e acordaran la suspensión de los cortes de energía entre agosto del 2024 y enero del 2025, sobre todo en los barrios subnormales y de difícil gestión de municipios del Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Defensoría del Pueblo le hará un detallado seguimiento a lo pactado.

Los cortes de hasta ocho horas diarias que venía haciendo el prestador del servicio de energía eléctrica vulneran los derechos fundamentales de las comunidades, como a la vida por conexidad con la salud; por ejemplo, para los usuarios de establecimientos hospitalarios y clínicos y las personas electrodependientes en sus respectivas viviendas.

Era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición, además, para el disfrute necesario de una serie de derechos a partir de la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades indispensables en el día a día.

A propósito del preocupante panorama, en visita misional hecha por el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, y una comitiva especializada del nivel central de la institución al departamento de La Guajira, las comunidades insistieron en manifestar sus inconformismos por las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Por tal motivo, la entidad espera que en el curso de los próximos meses la empresa Air-e y las autoridades del ramo logren establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar soluciones estructurales, a fin de que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la participación de gobernadores y alcaldes, a propender por soluciones efectivas y reales y hacer cumplir el régimen constitucional y legal en la prestación del servicio hecho por Air-e.