Defensoría Del Pueblo respalda emergencia por terremoto, pero pide limitar su alcance
La entidad pidió a la Corte mantener la declaratoria, pero restringirla a los municipios afectados y revisar las condiciones de sismorresistencia de las edificaciones
18 de septiembre de 2026Contenido
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La Defensoría del Pueblo respaldó ante la Corte Constitucional la declaratoria de emergencia social adoptada por el Gobierno tras el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el pasado 10 de agosto. Sin embargo, la entidad pidió que el decreto sea declarado exequible, entre algunas de las condiciones se encuentra que las medidas extraordinarias se apliquen únicamente en los municipios realmente afectados.
En el concepto enviado a la Corte, la Defensoría señaló que el sismo constituye un hecho sobreviniente que justifica la adopción de medidas de emergencia. Para la entidad, la magnitud del desastre y las barreras que existen en el régimen ordinario permiten sustentar el uso de facultades excepcionales por parte del Gobierno.
No obstante, cuestionó que el alcance territorial de la emergencia se haya extendido a departamentos como Bolívar, Sucre y Nariño, pese a que las afectaciones no tienen la misma dimensión en todo su territorio. La Defensoría planteó que la declaratoria debería definirse a nivel municipal y no departamental, debido a que existen zonas dentro de algunos departamentos que no presentan daños de gran magnitud.
El caso de Nariño fue utilizado como ejemplo. Según la entidad, allí sí existe una afectación significativa, especialmente sobre el derecho a la educación de más de 9.000 estudiantes, pero los daños están concentrados en determinados municipios y no en todo el departamento. La Defensoría también señaló que siete de los 16 departamentos incluidos en la declaratoria no reportaron personas fallecidas ni viviendas destruidas. Entre ellos se encuentra: Bolívar, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Sucre, Caquetá y Santander.
Uno de los puntos que más llamó la atención en el concepto está relacionado con la resistencia de las edificaciones. La Defensoría advirtió que parte de las pérdidas humanas y materiales no estaría explicada únicamente por la intensidad del movimiento, sino también por posibles incumplimientos de las normas de sismorresistencia.
Finalmente, la entidad consideró que la necesidad del Gobierno de acudir a un estado de emergencia también deja sobre la mesa una discusión sobre los recursos con los que cuenta el sistema de gestión del riesgo para responder a desastres de esta magnitud.