“Demandar al Estado en Colombia es fácil y no exige responsabilidad”

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Lo más reciente que se supo sobre el Carrusel de la Contratación y las acciones ilegales adelantadas por parte del Grupo Nule en la ejecución de millonarios contratos viales en Bogotá es que Miguel Nule, uno de los propietarios de la firma, pretende una reparación económica del Estado por $1,5 billones. Por eso, AL consultó con Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), sobre la acción judicial del contratista y las demás demandas que enfrenta Colombia.

¿En qué consiste la demanda de Miguel Nule contra la Nación?
No se trata de una demanda propiamente, sino de una convocatoria de conciliación, requisito prejudicial de una demanda. La conciliación fue convocada por Miguel Nule Velilla a la Fiscalía General de la Nación y la Andje. En el escrito de convocatoria de conciliación él argumenta una posible responsabilidad de la Fiscalía por $1,5 billones, pues según él se le violó un principio de oportunidad.

¿Cuál es la posición de la Agencia en este caso?
Este es un ejemplo de la epidemia de demandas fútiles en contra de la Nación: no es la primera vez que se demanda sin ningún tipo de causa. En este caso es por $1,5 billones, pero también hay demandas de $15 billones, $20 billones, y sin ningún sustento legal. Ese tipo de ejercicios hay que corregirlos: la legislación colombiana no puede permitir más que se demande a todos los colombianos sin ningún sustento. En este caso particular la Agencia no tiene ningún ánimo conciliatorio, por cuanto considera que es una solicitud de construcción de los hechos ligera y que no tiene porqué generar responsabilidad del Estado.

¿Qué le representa al Estado defenderse de esas demandas?
Cuesta mucho dinero. Hay por lo menos 6.000 abogados del Estado dedicados a la defensa de ese tipo de demandas y las pretensiones de las mismas suman ya $330 billones. Se ha vuelto, lamentablemente, una práctica común en una industria de abogados.

¿Cómo se pueden reducir las demandas injustificadas?
Hay que hacer una revisión de las normas porque demandar al Estado en Colombia es excesivamente fácil: no existe ningún tipo de responsabilidad o cobro, y sin embargo el Estado incurre en un costo muy grande para defenderse de ese tipo de demandas. Por eso la Agencia está trabajando en una modificación legal, que presentaremos al próximo Gobierno a mediados de este año, llamado el Estatuto de defensa del Estado, para hacer un cambio legal de fondo. Se requiere para que esto siga ocurriendo un cambio legal para evitar que se siga abusando de los colombianos.

La Fiscalía es una de las entidades más demandas y por los montos más altos, ¿por qué?
En contra de la Fiscalía la principal causa de demandas es la privación injustificada de la libertad, y se da porque a veces la entidad pide medidas de aseguramiento en procedimientos penales que después no derivan en condenas. Desafortunadamente la jurisprudencia ha asumido una posición de subjetivizar esa responsabilidad obligando a la Fiscalía a responder por ese tipo de detenciones. Creemos que es una disposición exagerada e inconveniente, y genera un incentivo perverso en contra de la labor de la Fiscalía y los jueces para contener el crimen.