Denuncian irregularidades con uno de los contratistas del proyecto HabitArte

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El concejal bogotano José David Castellanos, de Cambio Radical, presentó una denuncia contra uno de los contratantes del proyecto HabitArte de la Secretaría de Hábitat de Bogotá. AL conoció en exclusiva la investigación del concejal, en la cual, a juicio del cabildante, se han cometido ciertas irregularidades contractuales.

Las afirmaciones de Castellanos recaen en la empresa Valco Contructores, cuyo representante legal es Mario Valderrama Cordero, hermano de Fernando Valderrama. Según los expedientes de los entes de control, la empresa ha sido investigada por malas prácticas contractuales en el departamento de Santander.

Según los registros aportados por el concejal, la compañía fue contratada para construir un tercer carril en la autopista que une a Bucaramanga con Floridablanca; dos intercambiadores en la capital santandereana y en Piedecuesta, el mejoramiento del estadio de Barrancabermeja y la vía San Gil-Charalá-Límites.

La problemática por la mala ejecución de los recursos fue denunciada por la veeduría de la Cámara de Comercio y la Contraloría de Bucaramanga. Los contratos sobre los que se les puso la lupa tuvieron una cuantía cercana a los $400.000 millones. En ese entonces se registraron demoras hasta de 12 meses en la ejecución, y se encontraron hallazgos fiscales de hasta $1.600 millones.

Pese a estos antecedentes, la compañía pudo obtener el contrato para ejecutar y suministrar los implementos para el programa HabitArte. Según los registros que hay sobre el tema en el portal Secop, la empresa santandereana pudo competir en la contratación porque conformó el consorcio Estrategia Social.

En los históricos de la contratación, se evidenció que esta compañía recibió un contrato de $8.000 millones para ejecutar el contrato Manitas de la localidad Ciudad Bolívar. En la resolución que concede el contrato al consorcio, la Secretaría de Hábitat destacó a la empresa por una “destacada experiencia en el perfil con relación a los demás proponentes”.

La primera denuncia de Castellanos se centra en la experiencia del consorcio. Según los pliegos de contratación, la empresa debía contar con experiencia en temas de políticas públicas en el campo social.

Después de que el consorcio fuera contratado por la entidad distrital, esta registró ciertos problemas que se cristalizaron en la imposición de una multa en 2018. Sin embargo, esta fue archivada mediante la resolución 763 del 23 de octubre de 2018.

Según las investigaciones de Castellanos, “el programa está mal ejecutado y nos preocupa que no aparezcan los recursos, ni las obras, ni el proyecto”. De allí que extendió este llamado a las autoridades distritales.

AL intentó contactar a la compañía con sede en Bucaramanga, pero no obtuvo respuesta de sus directivos.