Desde 1991, más de 60 periodistas han enfrentado la pérdida de su investidura

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Según Fernando Cepeda Ulloa, autor del libro ‘La pérdida de investidura, desde el periodo de 1991 hasta la actualidad, alrededor de 60 congresistas perdieron su investidura. Entre los casos más recordados está el de Edgar Perea por transmitir un partido de fútbol. También se recuerda a Luis Alfonso Hoyos por tener un asesor en Estados Unidos.

Estos hechos muestran la rigurosidad del Consejo de Estado al fallar sobre la muerte política de los senadores y representantes. Más de la mitad de estas decisiones han tenido que ver con las demandas instauradas por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. Entre ellas están los procesos de Iván Moreno Rojas y Germán Olano por el ‘carrusel de la contratación’.

En este sentido, Fernando Cepeda Ulloa, defendió la facultad que tiene el Consejo de Estado para decretar la muerte política de los legisladores, pero aseguró que es una medida muy severa que eventualmente podría reexaminarse. Los Artículos 183 y 184 de la Constitución mencionan las causas por las cuales un congresista podrá perder su investidura y dispone que el Consejo de Estado será quien la decrete.

Entre las que dicta la norma están: la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del conflicto de intereses; por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. También se menciona el hecho de no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o la fecha en que son llamados a posesionarse; por indebida destinación de dineros públicos; y por tráfico de influencias debidamente comprobado.

De acuerdo con Cepeda, los congresistas han intentado de mil maneras cambiar la fuerte medida de la muerte política, “su último intentó fue en la reforma a la justicia”. No obstante, la Corte Constitucional se ha mantenido fija en la posición de sostener esta herramienta para que cualquier ciudadano pueda demandar las malas actuaciones de los funcionarios elegidos por voto popular. Precisamente, Santiago Castro, director académico de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, aseguró que el Consejo de Estado debe establecer controles más rigurosos para aceptar estas demandas. “Los congresistas en ocasiones tienen que enfrentar procesos que muchas veces no tienen las pruebas suficientes que se requiere, eso significa un desgaste para los legisladores”, agregó Castro.

No obstante, para Bustos esta es una herramienta poderosa con la que cuenta el ciudadano para hacer efectivo el control y la soberanía popular. “La figura ha tenido muchas amenazas y altibajos tanto en su desarrollo legal como constitucional, es claramente una herramienta eficaz para sancionar la mala conducta de los congresistas”, agregó. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, afirmó que la sanción de pérdida de investidura es una medida razonable, proporcional al poder que tienen los congresistas. “Con éstas sanciones tan graves y seguimos teniendo casos de muerte política”, enfatizó Barrios. Bustos cuestionó las demoras del Consejo de Estado para decidir sobre la pérdidas de investidura, “la ley habla de 20 días y se están demorando hasta dos años”, concluyó.

Simón Gaviria

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Simón Gaviria, enfrenta un proceso por pérdida de investidura en el Consejo de Estado, ya que presuntamente autorizó irregularmente el pago de su salario durante la licencia que solicitó para casarse el año anterior. Según la demanda, el congresista habría violado la Constitución por la indebida destinación de dineros públicos, por lo que habría incurrido en el delito de tráfico de influencias. La ponencia está en manos de la consejera de Estado Stella Conto Díaz del Castillo.

Rodrigo Lara Restrepo

El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del excongresista Rodrigo Lara Restrepo, demandado porque presuntamente, siendo senador, hizo aportes a la campaña de Erwin Arias Betancur, quien fue su fórmula política para la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo de 2010. La Sala Plena, con ponencia del magistrado Alfonso Vargas Rincón, estimó que existían irregularidades en las pruebas aportadas al proceso. Entre otras, que los documentos no tenían soportes contables y presentaban enmendaduras.

Eduardo Carlos Merlano

El mes pasado, la Sala Plena del Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del senador Eduardo Carlos Merlano investigado por supuesto tráfico de influencias en el nombramiento de la directora del Icbf de Sucre, al considerar que la falta de pruebas en el caso, no daban lugar a la muerte política del legislador. El parlamentario también enfrenta un proceso porque se negó a practicarse la prueba de alcoholemia que le fue exigida por un grupo de patrulleros en Barranquilla cuando conducía en aparente estado de embriaguez.

Juan Carlos Corzo

El senador del Partido Conservador, Juan Carlos Corzo, está siendo investigado por incurrir presuntamente en el delito de tráfico de influencias luego de que al parecer ejerciera presión para que un allegado suyo fuera nombrado en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, CAR Corponor. El senador Corzo también formó parte de los 12 congresistas de la Comisión de Conciliación de la fallida reforma a la justicia que enfrentan un proceso y cuya audiencia pública será el cinco de marzo.

Pablo Bustos

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia interpuso la demanda de pérdida de investidura contra Iván Moreno por el llamado ‘carrusel de la contratación’. La muerte política del exsenador también la solicitó la Procuraduría al argumentar que se valió de su cargo como congresista y hermano del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, para solicitar prebendas a los integrantes del Grupo Nule. En enero del 2012, el Ministerio Público lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años.