Diferencias en metodologías chocan en resultados de las encuestas presidenciales

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El inicio del año electoral 2026 estuvo marcado por la publicación de varias encuestas que reactivaron el debate público a poco más de cuatro meses (126 días) de las elecciones presidenciales. Atlas Intel, GAD3, Guarumo y CNC dieron a conocer los resultados de sus estudios.

Sin embargo, algunas de ellas arrojaron resultados distintos frente a mediciones previas, y algunos casos, contradictorios entre sí.

Uno de los casos más llamativos fue el de Sergio Fajardo, quien pasó de ocupar el tercer lugar con cerca de 9% de intención de voto en Atlas a apenas un 1% en GAD3. A esto se suma que ambas encuestas presentan líderes distintos: una posiciona a Abelardo como favorito y la otra a Cepeda, con márgenes amplios.

Para Fajardo, estos resultados son “extraños y contraevidentes”, y, aunque reconoce su impacto en la opinión pública, duda de su validez.

Una explicación que puede tener esta disparidad de resultados puede ser la diferencia en las metodologías empleadas. No todas las encuestadoras midieron al mismo universo de personas. Algunas incluyen a todos los mayores de edad, mientras otras, como Polimétrica, solo encuestan a votantes activos.

En un país con una abstención cercana a 40%, esta diferencia es crucial, ya que medir a quienes no piensan votar distorsiona los resultados frente a estudios centrados en electores efectivos.

También influye el método de recolección. Las encuestas presenciales, como las de Invamer o CNC, utilizan muestreo probabilístico, mientras que las telefónicas o virtuales dependen de la disposición del ciudadano a responder.

Esto puede generar sesgos, ya que quienes contestan suelen tener perfiles distintos a quienes ignoran llamadas o formularios. Según expertos, este factor puede hacer que algunos sondeos se parezcan más a consultas voluntarias que a verdaderos estudios estadísticos.

Gad 3 encuestó a 1.207 personas mayores de 18 años con derecho al voto en las elecciones legislativas de 2026. El diseño muestral fue probabilístico estratificado por departamento. Hubo una selección aleatoria simple de números telefónicos móviles con cobertura nacional hasta completar el número de encuestas proporcional a la población de cada departamento.

Por su parte, la encuesta de Guarumo tuvo un tamaño de muestra de 4.245 adultos en edad de votación de 83 municipios de departamentos como Meta, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Tolima, Valle del Cauca, Norte de Santander, Boyacá y Santander.

Invamer hizo el sondeo con 3.800 personas como muestras. Se consultaron a personas de 26 capitales departamentales y 122 municipios. La región Centro-Oriente (incluye Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander) tuvo el mayo número de encuestados con 1.224 mientras que en los Llanos Orientales (Arauca, Casanare, Guaviare y Meta) solo se encuestó a 160 personas.

El Centro Nacional de Consultoría, quien reveló los datos más recientes, hizo un sondeo a 2.202 personas en 56 municipios así; Caribe: 431; Centro-Oriente: 366; Bogotá: 340; Centro-Sur-Amazonía: 191; Eje Cafetero: 369; Llanos Orientales: 137 y Pacífico: 368.

Atlas Intel tuvo a 4.520 encuestados a través de un muestreo digital aleatorio.

Otra fuente de discrepancia está en los candidatos incluidos. No todas las encuestas preguntan por los mismos nombres, y en ocasiones se indaga de manera indirecta sobre percepciones y no intención de voto. La falta de claridad del Consejo Nacional Electoral sobre quiénes deben ser incluidos ha provocado controversias, como el reclamo de Daniel Quintero tras ser excluido de GAD3.

De hecho, esta fue la encuestadora con menos candidatos en el cuestionario, con 15. La que preguntó por un mayor número de candidatos fue Polimétrica (C&C), con 33. Le siguió Invamer (30), CNC (23) y AtlaIntel (18).

Finalmente, las ambigüedades de la ley de encuestas han generado interpretaciones distintas. Algunas firmas no cumplen completamente los requisitos de muestra o cobertura regional, y otras enfrentan cuestionamientos por el origen de sus bases de datos. En lugar de unificar criterios, la normativa parece haber profundizado la confusión.