Efectos jurídicos y delitos en los que incurren falsos tramitadores de tierra ante la ANT

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Los campesinos del territorio colombiano han presentado denuncias ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde los departamentos del Meta, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Caldas, Norte de Santander, Casanare, Caquetá y Tolima, debido a que personas se están haciendo pasar por funcionarios de la entidad para solicitar dinero, prometiéndoles a cambio acceso a la oferta de servicios de la Agencia.

"Cualquier actividad que ponga en riesgo el acceso de los campesinos a los programas de la entidad, haciendo uso de maniobras engañosas y fraudulentas, es tomada muy en serio, es investigada de forma inmediata, al tiempo que se pone en manos de las autoridades competentes, con el fin de evitar daños irremediable", puntualizó la directora general, Myriam Martínez.

Según información de la ANT, anunciaron que en coordinación con el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, y otras agencias relacionadas con el sector, están en la búsqueda e identificación de localidades del país donde puedan establecer centros de información de la entidad, con el objetivo de "ampliar la cobertura en beneficio de la comunidad y evitar que las personas caigan en engaños".

En esa medida, para los falsos tramitadores de tierra que se lucran ilegalmente con el pretexto de adelantar supuestas gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras, el marco normativo y las consecuencias legales que recae sobre estos individuos, está dividido en cinco situaciones principales, con aristas específicas para cada delito.

Estafa con presunta participación de persona natural

Este actuación proviene de una persona natural que, a título personal, ofrece supuestos servicios de tramitación que brinda la ANT, solicitando dinero previo para adelantar la gestión. Sin embargo, luego de recaudar, no otorga los beneficios prometidos a sus víctimas, ni acude ante la Agencia.

Estafa en nombre de organización o asociación

Aquí se generan falsas expectativas a los campesinos cuando se recauda dinero de manera fraudulenta para, aparentemente, acceder a formularios de solicitud de servicios ante la ANT e ingresar a "Fondos de Tierras" inexistentes para beneficiarse del Fondo Nacional Agrario. Es decir, son engañados con el ideal de acceder a programas de tierras o convertirse en miembros de algún tipo de organización.

Creación de oficinas paralelas y simulación de investidura o cargo

Esto corresponde al concurso de delitos como estafa, falsedad personal, falsedad material en documento público y usurpación de función pública. Sucede cuando abren oficinas paralelas (tipo despacho) a cargo de individuos que se hacen pasar por funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Tierras. Llegan al punto de fingir trámites administrativos a través de la expedición de resoluciones falsas que no cobran valor al momento de reclamar por lo acordado.

Grupos de Delincuencia con presunta participación de la ANT

Los falsos tramitadores prometen éxito en la gestión de acceso a la oferta institucional de la ANT respaldados con la participación de actores criminales, grupos de delincuencia organizada o grupos armados organizados. Por ejemplo, se promueven prácticas como la invasión de predios.

Intermediación con presunta participación de servidores públicos

Existen implicaciones legales al momento de que un supuesto intermediario de la ANT solicita un pago extra para sobornar a servidores públicos y que estos beneficien a los campesinos para agilizar, omitir o priorizar casos. Allí confluyen los delitos de estafa, concierto para delinquir, cohecho propio, impropio o por dar u ofrecer, concusión, peculado, prevaricato o tráfico de influencias.

La Agencia Nacional de Tierras detalla que, de manera transversal, estos modos de operación ilegal "el accionar de falsos tramitadores puede generar o profundizar conflictos sociales, culturales, étnicos e incluso ambientales, con implicaciones negativas tanto para la población rural (víctima de estas prácticas), como para la gestión de la Agencia respecto de la implementación de la política de tierras en el país".