El Congreso tendrá dos años para legislar aportes de independientes

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La Corte Constitucional profirió una sentencia en la que eliminó el Artículo 135 de la Ley 1735 de 2015, donde se reguló el monto para el ingreso base de cotización para los independientes. Lo que cambió con esta decisión será la forma de pago, la cual se iba a realizar de forma anticipada desde junio y el ingreso base con que se hace la cotización.

Debido al impacto económico que iba a generar, la Corte le ordenó al Congreso de la República que legisle la materia en una norma aparte y en un tiempo no mayor a dos años.

La demanda fue presentada por Juan Esteban Sanín y María del Mar Arciniegas, quienes argumentaron que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno anterior se extralimitó en la regulación relacionada con este tema de Seguridad Social.

El principal argumento fue que la norma violó el principio de unidad de materia, debido a que este artículo que habla de que los empleados deben cotizar a partir del 40% del sueldo no cumplía con “la conexidad temática, causal”.

Según la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp) esta norma tendrá un impacto directo en los 3,3 millones de trabajadores independientes que tiene el país. También generará incertidumbre en el monto total de cotización y modificará los valores y seguimiento que ha hecho la entidad sobre la regulación de estos recursos.

Bajo el concepto del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, están en contra de esta decisión del Alto Tribunal. Para las entidades del orden nacional, las disposiciones del Artículo 135 permiten “un mejor y eficiente recaudo de las cotizaciones de independientes al Sistema de Seguridad Social”.

Santiago Martínez, presidente del Colegio de Abogados del Trabajo, dijo que “el verdadero impacto de esta materia es que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo se derogó expresamente este Artículo 135. La Corte se pronunció sobre una norma que está próxima a morir”. El abogado cree que esto “obligará al Congreso a definir las normas de juego antes de dos años, porque podríamos someternos a inseguridad jurídica”.

David Murillo, miembro del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, explicó este conflicto que surgió con el pronunciamiento de la Corte. “Si el nuevo plan introduce un tema similar al de esta normativa derogada, el Congreso habría regulado un tema que es completamente inconstitucional por el tema de unidad de materia y volveríamos a la forma anterior”.

Martínez explicó que con esta decisión de la Corte y la regulación del PND, también se afectarían los decretos reglamentarios donde se introdujo la responsabilidad del pago para los empleadores. Los efectos se conocerán cuando el presidente promulgue el Plan de Desarrollo.