Judicial

El Consejo de Estado negó estudiar el caso de violación de topes en campaña Petro

Colprensa

Declaró que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la pérdida del cargo del Presidente, dice que eso le corresponde al CNE

21 de mayo de 2024

Carlos Jaramillo Palacio

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En las últimas horas, el Consejo de Estado declaró que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la pérdida del cargo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Marquez por la violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente.

De acuerdo con la ponencia del magistrado Ómar Joaquien Barreto Suarez, el Consejo de Estado consideró que el Consejo Nacional Electoral es la única institución con la jurisdicción de investigar y sancionar administrativamente las campañas electorales y solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar al Presidente.

Por esa razón, el alto tribunal ordenó remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de acuerdo con los artículos 109 de la Constitución Política y 21 de la Ley 996 de 2005.

"Así las cosas, de acuerdo con todo lo expuesto con antelación, le corresponde al Consejo Nacional Electoral iniciar únicamente las investigaciones administrativas correspondientes por la violación a los topes de financiación de las campañas, luego de lo cual, si hay lugar, le compete al Congreso, conocer la pérdida del cargo en el caso del presidente y a la jurisdicción contenciosa administrativa tratándose de los alcaldes y gobernadores", se lee en la sentencia.

"De acuerdo con lo explicado, esta Corporación no tiene jurisdicción para adelantar el proceso de pérdida del cargo frente al presidente de la República. Ahora bien, en este caso se presentó la demanda en contra tanto del presidente como de la vicepresidente, por la violación a los topes de la campaña que realizaron".

El Consejo de Estado afirmó que aunque no existe norma que especifique cómo se debe proceder frente a la figura de la vicepresidenta, al tratarse de la misma campaña, el Congreso debe realizar las investigaciones correspondientes e imponer las sanciones en caso de que haya lugar a ellas.

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