El Estado destinó $17,7 billones a la operación de la Ley de Justicia y Paz en 20 años

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La Contraloría informó que el Estado ha destinado alrededor de $17,7 billones a la operación de la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz.

Esta fue la primera normativa en aplicar mecanismos de justicia transicional, como parte de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de los miembros de grupos armados ilegales, que estableció un marco legal con un procedimiento especial para los postulados, principalmente de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Los recursos de esta ley fueron ejecutados especialmente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con 86,52%; seguido por la Fiscalía General de la Nación, con 11%; la Rama Judicial, con 2,05%; el Ministerio de Justicia y del Derecho, con 0,24%; y la Agencia de Reincorporación y Normalización; con 0,19%.

En 20 años de la Ley de Justicia y Paz, se postularon un total de 5.079 personas, en su gran mayoría por desmovilización colectiva de las AUC (86,9%), seguido por desmovilizaciones individuales de las Farc (10,1%) y otros grupos subversivos (3%).

"Cerca de 64% de estos postulados, fueron excluidos del proceso (3.243 personas), en su gran mayoría porque el postulado citado a versión libre no ratificó su voluntad de acogerse al procedimiento de justicia y paz (83%)", dijo.

Según el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, actualmente se encuentran activos 1.507 postulados que corresponden a 30% de los que se presentaron, de los cuales 921 fueron condenados por 15.236 hechos delictivos (11,85% de los imputados), que reconocieron a 40.450 víctimas (15,8% de las relacionadas en las imputaciones). Sobresaliendo los delitos de desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada".

El contralor dijo que se encontraban vinculados 15.177 bienes, de los cuales 64% se investigaron
de oficio por parte de la Fiscalía General. Sólo 12,22% de los bienes fueron ofrecidos por los postulados (1.854 bienes).

"Con respecto al resultado de las investigaciones sobre estos bienes, se observó que, para 21,24% de los bienes, fue archivada la investigación y solo 7% tuvo extinción de dominio", dijo.

Justicia y Paz en Cifras

Jenny Lindo, la abogada encargada de evaluar los resultados de Justicia y Paz en Colombia el proceso de judicialización, reparación de víctimas y desmovilización de los exparamilitares estuvieron en la lupa de la contralora delegada para la Justicia.

"En 20 años no se había hecho una evaluación integral de los resultados y de la gestión de forma unificada de lo que ha sido la aplicación de la primera ley de justicia transicional que hay en Colombia, razón por la cual el contralor general, a finales del año pasado el doctor Carlos Hernán Rodríguez, nos dio la instrucción a la Contraloría Delegada de Justicia de que iniciáramos y nos pusiéramos en la tarea de hacerle vigilancia y control en cifras a justicia y paz", dijo Lindo.

La contralora dijo que en Colombia hay más de 9,8 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado. De ese total, 256.379 han sido vinculadas a los procesos de Justicia y Paz. Solo 22% han sido reconocidas en las sentencias de la ley.

"Del total, 29.000 de las víctimas que han sido indemnizadas por vía judicial, solamente representan 11% de las víctimas en Colombia. Hasta ahora por Justicia y Paz se reparó ese porcentaje", agregó.

"Hoy destacamos varios aspectos que surgen de esta evaluación de justicia y paz. Se ha determinado que hay 5.074 postulados, de los cuales 86% pertenecen a grupos exparamilitares", afirmó Lindo. Esta cifra revela que, hasta ahora, se han reconocido 43 bloques paramilitares en Colombia, lo que se traduce en más de 280.000 víctimas del paramilitarismo. Sin embargo, Lindo subrayó que "solo el 11% de estas víctimas han recibido reparación por parte del Estado en 20 años", dijo.

En lo que respecta a la judicialización de los responsables, la contralora mencionó que "se han emitido 82 sentencias, que representan la identificación y judicialización de más de un millón de delitos cometidos por los paramilitares". No obstante, advirtió que "solo 30% de las medidas dictadas en estas sentencias han podido cumplirse o hacerse efectivas". Esto refleja, según Lindo, "un conjunto de decisiones judiciales que no se han podido llevar a cabo, ya sea por la incapacidad del Estado o la falta de compromiso de algunos sectores, como el privado". En contraste, destacó el papel del sector educativo, afirmando que "93% de los postulados a justicia y paz han logrado acceder a educación básica y media".

Sin embargo, Lindo también hizo hincapié en los retos que aún quedan por enfrentar, especialmente en el ámbito laboral. "De todos los postulados, solo 57 desmovilizados de justicia y paz han conseguido empleo formal", señaló. Esto representa un gran desafío, ya que, según la contralora, "es fundamental establecer mecanismos que apoyen a los excombatientes con nuevas oportunidades de productividad y empleo, para asegurar su reintegración a la sociedad".