Procurador rechazó "condenas" impuestas por el ELN a funcionarios del CTI secuestrados
El ELN anunció la imposición de penas de hasta cinco años de prisión contra dos policías y dos funcionarios del CTI secuestrados
06 de mayo de 2026Contenido
El grupo armado ELN emitió un comunicado en el que informa sobre la imposición de lo que denomina penas de prisión contra cuatro funcionarios públicos. Los afectados son dos integrantes de la Policía Nacional y dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, quienes permanecen privados de la libertad desde mayo y julio del año 2025 tras ser interceptados en el departamento de Arauca.
La organización armada señala en su declaración que decidó aplicar condenas de entre 55 y 60 meses de reclusión a estos ciudadanos, bajo el argumento de haber realizado actividades contrarias a sus intereses. En el mismo mensaje, el grupo menciona la posibilidad de condicionar la situación de los retenidos a un intercambio de prisioneros, al tiempo que atribuye a los funcionarios conductas relacionadas con labores de inteligencia en la zona.
El Gobierno Nacional manifestó su rechazo formal ante este pronunciamiento. El Ministerio de Defensa ha declarado que el grupo armado carece de facultades legales para ejercer funciones de administración de justicia o para emitir fallos judiciales en el territorio colombiano. Las autoridades han reiterado que la privación de la libertad de estos funcionarios constituye un delito y han instado a la liberación de los mismos de forma inmediata.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifestó mediante un comunicado oficial su más categórico rechazo ante la pretensión inaceptable del grupo criminal autodenominado ELN.
"El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El Procurador General desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles por parte de criminales, terroristas, narcotraficantes, enemigos de la democracia y la paz", afirmó mediante la página de la Procuraduría.
Además, Eljach insta al Gobierno Nacional a tomar las acciones pertinentes para buscar la libertad de los funcionarios secuestrados, mantener el respeto y la salvaguarda del orden nacional.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha señalado el deterioro en la salud física y mental que conlleva el cautiverio prolongado tanto para las víctimas como para su entorno familiar. La entidad ha solicitado al Ejecutivo que se intensifiquen las acciones institucionales necesarias para lograr el retorno de los servidores públicos y ha recordado que el secuestro es una infracción que vulnera los derechos fundamentales y las normas de convivencia nacional.
Para facilitar la resolución de este y otros casos similares, las autoridades mantienen activa la línea nacional de atención para recibir información ciudadana que pueda conducir a la ubicación de personas desaparecidas. El Estado ha ratificado que las penas por el delito de secuestro en la legislación vigente pueden alcanzar los 40 años de prisión y que continuará con las labores de búsqueda en el departamento de Arauca y otras regiones del país.