El Gobierno reglamentó inclusión de personas con discapacidad en entornos laborales
El Gobierno expidió el Decreto 0287 que establece la obligatoriedad de incluir criterios de vinculación laboral de personas con discapacidad
30 de marzo de 2026Contenido
El Gobierno Nacional formalizó la reglamentación que obliga a las entidades estatales a integrar a la población con discapacidad en el sistema de compras públicas. A través del Decreto 0287 de marzo de 2026, se establecieron los lineamientos técnicos para asegurar la participación de este sector en la contratación del Estado con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos legales sobre el fomento de fuentes de trabajo para personas en condición de discapacidad.
La medida dispone que los proveedores que participen en licitaciones públicas o concursos de méritos deben vincular laboralmente a personas con discapacidad según su capacidad productiva. Asimismo, el decreto incentiva la contratación directa de empresas y emprendimientos liderados por esta población. Esta disposición aplica para todas las entidades estatales, patrimonios autónomos y particulares que ejecuten recursos públicos, sin importar su régimen de contratación.
Las entidades contratantes están obligadas a incluir criterios de accesibilidad en los estudios y documentos previos de cada proceso. Estos criterios deben garantizar que los bienes, obras y servicios adquiridos sean accesibles, basándose en las normas técnicas vigentes y las categorías de discapacidad definidas por el Ministerio de Salud. En ausencia de normas específicas, la entidad deberá elaborar una ficha técnica propia que sustente dichos requisitos de accesibilidad.
La implementación de esta normativa responde a la realidad demográfica del país, donde residen más de 1,2 millón de personas con discapacidad. De acuerdo con datos del Dane, aproximadamente 50% de esta población se encuentra en edad productiva, entre los 15 y 59 años. El decreto busca así reducir las barreras de acceso al mercado laboral aprovechando la capacidad de compra del sector público.
La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, será la encargada de supervisar el cumplimiento y el impacto de estas medidas. Para ello, consolidará la información registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, y elaborará un reporte anual de seguimiento. Este informe permitirá evaluar la adopción de las medidas afirmativas y la efectividad de las oportunidades contractuales generadas para este grupo poblacional.