El presidente de la Corte Constitucional criticó recorte presupuestal de la rama judicial
El magistrado reveló que, de una necesidad proyectada de $16 billones para el funcionamiento óptimo de la Rama Judicial
27 de noviembre de 2025Contenido
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, denunció que la oferta de servicios judiciales se está viendo severamente comprometida debido al recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional, lo que aleja cada vez más a la ciudadanía de una administración de justicia eficiente y oportuna.
Según el funcionario, la falta de recursos propios ha generado una subordinación práctica frente al Ejecutivo, impidiendo la modernización y ampliación de la planta de personal necesaria para evacuar los procesos.
El punto crítico de la denuncia se centró en las cifras de asignación de recursos. El magistrado reveló que, de una necesidad proyectada de $16 billones para el funcionamiento óptimo de la Rama Judicial, el Gobierno aplicó un recorte cercano a los $6 billones.
Esta disminución de fondos fue calificada como una barrera directa que "impide el ejercicio de la función judicial", al limitar la capacidad de maniobra de las altas cortes y los juzgados para responder a la demanda de justicia del país. La situación actual evidencia, según el jurista, que cuando el Ejecutivo decide no girar los recursos correspondientes, se paraliza la gestión administrativa de los despachos.
El togado fue enfático al criticar el modelo actual de financiación, al señalar que la autonomía judicial consagrada en la Constitución Política es hoy una figura retórica que existe "en el papel" pero no en la realidad. Utilizando términos contundentes, afirmó que es inaceptable que la Rama Judicial tenga que "pedir limosna" al poder Ejecutivo cada vez que requiere crear un cargo o fortalecer su estructura.
Para el magistrado, la verdadera independencia de poderes solo se materializará el día en que la justicia no dependa de la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro para obtener los recursos que constitucionalmente requiere para operar.