El presidente de la JEP advirtió que un recorte tendría consecuencias para las víctimas
La reducción afectaría actividades esenciales del tribunal, entre ellas la realización de audiencias y los esquemas de protección
18 de septiembre de 2026Contenido
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, advirtió sobre las consecuencias que tendría para la entidad un eventual recorte de $185.000 millones en el presupuesto previsto para 2027.
En entrevista con La FM, el magistrado señaló que la reducción afectaría actividades esenciales del tribunal, entre ellas la realización de audiencias y los esquemas de protección para víctimas, testigos y comparecientes.
Según explicó Ramelli, los primeros $85.000 millones que dejarían de estar disponibles impactarían directamente la realización de audiencias y los mecanismos de protección. “Los primeros $85.000 millones afectan directamente la realización de audiencias, la protección de víctimas y comparecientes, los esquemas de protección que requieren las víctimas y los testigos”, afirmó. A este monto se sumarían otros $100.000 millones correspondientes a gastos de funcionamiento, incluidos bienes y servicios.
El presidente de la JEP también defendió el papel que ha desempeñado la Jurisdicción desde su creación en el esclarecimiento de hechos relacionados con el conflicto armado. Ramelli destacó las investigaciones sobre patrones de macrovictimización atribuidos tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a las extintas Farc, así como los avances en el establecimiento de responsabilidades de altos mandos. “Es un tribunal importante porque le está dando respuestas a Colombia, a la comunidad internacional y a miles de víctimas sobre hechos que habían permanecido en la más completa impunidad”, señaló.
De acuerdo con Ramelli, una reducción presupuestal de esta magnitud también podría comprometer la seguridad de los funcionarios y la continuidad física de la sede de la Jurisdicción. “Entonces, pues sería una corte en internet, ¿no? Que no tendríamos ni siquiera sede”, manifestó.
El magistrado señaló que la falta de recursos tendría efectos sobre el funcionamiento cotidiano de la entidad y sobre los procesos que adelanta en el marco de la justicia transicional.
Ramelli también alertó sobre las posibles implicaciones internacionales de una eventual interrupción de las labores de la JEP. Recordó que el examen preliminar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantenía abierto sobre Colombia desde 2004 fue cerrado en 2021, bajo la condición del funcionamiento de la justicia transicional. “Si acaban la JEP, pues van a acabar todos en la Corte Penal Internacional”, afirmó el magistrado, quien agregó que esta situación podría afectar tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a exintegrantes de las Farc involucrados en crímenes graves.