El Secretario de la JEP presentó recurso de insistencia en cumplimiento de sanciones
En un encuentro con delegados de la CPI, se analizaron los obstáculos presupuestales y administrativos que enfrenta la ejecución
14 de febrero de 2026Contenido
El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Harvey Danilo Suárez, solicitó formalmente al Gobierno Nacional la expedición del decreto que establece las condiciones para el cumplimiento de las sentencias transicionales.
El pedido se realizó durante una sesión de trabajo con delegados de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ,CPI, quienes visitaron el país para evaluar los avances y dificultades en la implementación de las sanciones restaurativas.
Suárez manifestó la importancia de consolidar el marco jurídico antes de que finalice el actual periodo presidencial. Según el funcionario, el recurso de insistencia busca prevenir que los cambios en la administración pública afecten la ejecución de los fallos judiciales. La JEP considera prioritario asegurar las condiciones técnicas y legales para materializar las sanciones impuestas a los comparecientes sin depender de la voluntad de futuros gobiernos.
La delegación de la CPI analizó las tres primeras sanciones emitidas contra responsables de crímenes de guerra, incluyendo casos de secuestro y ejecuciones extrajudiciales. Los representantes internacionales confirmaron que mantendrán el seguimiento sobre estos procesos para verificar que los trabajos con contenido reparador se cumplan conforme a los estándares internacionales. Aunque destacaron el modelo colombiano, señalaron la existencia de retos operativos en el terreno.
Desde el Ministerio de Justicia se reconoció la dificultad de coordinar los tiempos de los procesos judiciales con la gestión administrativa del Estado. El director de Justicia Transicional informó sobre la formulación de siete proyectos restaurativos cuya ejecución y financiación están proyectadas para iniciar en el mes de abril.
No obstante, se subrayó que la viabilidad de estas medidas depende de la asignación efectiva de recursos y de la coordinación entre diversas entidades estatales.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reiteró que el Estado colombiano tiene compromisos internacionales adquiridos con la CPI desde 2021. Estos acuerdos obligan al país a preservar el marco legal vigente y a garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento del tribunal.
Ramelli enfatizó que la seguridad y habitabilidad de los comparecientes son factores requeridos para que las sentencias cumplan con el objetivo de resarcir a las víctimas.