El Tribunal Andino de Justicia advierte posible cese de operación por desfinanciamiento

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El pasado 28 de julio los magistrados del Tribunal Andino de Justicia enviaron una carta a los presidentes de los cuatro países de la Comunidad Andina (CAN), entre ellos, al mandatario colombiano, Iván Duque, para alertar el estado de desfinanciamiento en que se encuentra el organismo internacional.

El pedido de auxilio se volvió a hacer el 6 de agosto (ver las cartas adjuntas al final de la nota) con una segunda carta en la que entregaron más detalles de la situación financiera que pone en jaque al Tribunal Andino de Justicia pues aseguran que no tienen recursos para operar.

De hecho, los integrantes del ente recibieron una carta del propietario del edificio donde funciona la sede del Tribunal (ubicada en Quito), en la que exige el pago del alquiler de junio y julio y anuncia el inicio de acciones legales.

Según alertó el presidente del Tribunal Andino de Justicia, Hernán Romero Zambrano, los retrasos en las cuotas de sostenimiento por parte de los cuatro países (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) ascienden a una cifra aproximada de US$1.480.000, la cual se deriva de la suma entre US$893.516, que son los aportes de los cuatro países en el primer semestre del año; y otros US$585.333, que forman parte de los aportes del segundo semestre. Para el caso de Colombia, el retraso en el aporte es superior de US$330.000 (US$103.400 y US$228.280, respectivamente). El país que más adeuda es Bolivia, con un total de US$519.536, una suma que corresponde a los valores de la Deuda Histórica.

Según los anexos presentados en la carta, el Tribunal Andino de Justicia viene arrastrando un déficit presupuestal desde 2008, año en el que el presupuesto aprobado fue de US$1.170.667, pero la cantidad real empleada fue de US$1.250.906, lo que dejó un faltante de US$80.239. Para 2018 las cifras siguen siendo alarmantes: con el mismo presupuesto de US$1.170.667 se gastó US$1.734.207, quedando un faltante de US$563.540. Para 2019 (año en que se incluye el pago de arriendo de la sede del Tribunal por un valor de US$65.520) las cifras son: US$1.170.667 de presupuesto, US$1.514.678 de gasto real y US$344.011 de déficit.

“La crisis financiera que afronta el Tribunal Andino de Justicia se debe a que: (i) Su presupuesto se mantiene congelado desde 2008 y desde hace 12 años resulta ineficiente para cubrir sus costos operativos (...) (ii) Nunca se incorporó a su presupuesto la previsión de obligaciones que luego el Tribunal tuvo la necesidad de asumir, como el gasto por concepto de intervención de magistrados suplentes (...) (iii) La inflación anual registrada en el Ecuador en los últimos 13 años, a junio de 2020 asciende a 43,59%”, indican en la carta.

Consultamos al secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, quien aseguró: “Hay unos atrasos por la propia circunstancia económica que hoy tiene comprometida las finanzas de nuestros países por el covid-19. Espero que muy pronto sea solucionado el tema, mientras tanto como Secretaría General, estamos en uso de la creatividad generando una eventual solución de urgencia”.

Lea aquí el análisis hecho por el exsecretario general de la CAN, Alfredo Fuentes Hernández.