Judicial

El ELN liberó a dos funcionarios del CTI que permanecían secuestrados desde mayo de 2025

Colprensa

Los investigadores fueron entregados a una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja

13 de noviembre de 2026

Andrés Felipe Riascos

Canal de noticias de Asuntos Legales

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Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada recuperaron su libertad después de permanecer secuestrados por el ELN desde el 8 de mayo de 2025. La entrega se realizó ante una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU en Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr.

A través de su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo celebró la liberación de los investigadores y destacó la posibilidad de que puedan reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de cautiverio.

"Su liberación es un alivio que da la posibilidad de reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro", señaló la entidad, que también recordó la angustia e incertidumbre que atravesaron sus familiares durante este tiempo.

Los dos funcionarios habían sido secuestrados por integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN mientras desarrollaban actividades relacionadas con sus labores de investigación. Durante su cautiverio fueron sometidos a un denominado "juicio revolucionario", mediante el cual el grupo armado les impuso una condena de 36 meses de prisión.

En ese mismo procedimiento también fueron juzgados Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, quienes recibieron condenas de 60 y 55 meses, respectivamente. Ambos uniformados ya habían recuperado su libertad.

Estos procedimientos fueron rechazados por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, que recordaron que la Constitución Política de 1991 establece que la administración de justicia corresponde a las autoridades legalmente facultadas para ejercerla.

Durante el secuestro, el Frente de Guerra Oriental difundió una prueba de supervivencia fechada el 10 de julio de 2026, en la que los investigadores solicitaron a las autoridades adelantar gestiones para lograr su liberación mediante un intercambio humanitario.

En la grabación, de aproximadamente 16 minutos, los funcionarios dirigieron mensajes a sus familiares y manifestaron su esperanza de regresar a casa después de varios meses de cautiverio.

Tras la liberación, la Defensoría del Pueblo reiteró su rechazo al secuestro y exigió que el ELN y los demás grupos armados liberen a todas las personas que permanecen privadas de la libertad.