Encuestadoras solicitaron a Petro objetar proyecto de ley que pretende regularlas

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Los gerentes de Invamer, Martín Orozco, del Centro Nacional de Consultoría, Pablo Lemoine, y de Yanhaas, Oswaldo Acevedo, las firmas encuestadoras más importantes del país, se pronunciaron con respecto al proyecto de ley 569 de 2025 que pretende regular la realización y publicación de encuestas con intención de voto, el cual ya fue aprobado por Senado y Cámara de Representantes y está a la espera de sanción presidencial, y le solicitaron al presidente Gustavo Petro que lo objetara.

El comunicado oficial afirmó que "las encuestas electorales son herramientas fundamentales para el ejercicio informado de varios de los derechos políticos" y que las organizaciones y movimientos se sirven de ellas para medir el grado de favorabilidad de los principales candidatos, por lo que prohibirles el acceso a esta información para tomar decisiones sería "como pedirle a un conductor que apague las luces para conducir por la noche".

Las compañías también dejaron en claro que la importancia de su realización parte de la necesidad de informar a los electores para que puedan definir su opinión sobre los candidatos e intención de voto, y restringirlas “vulnera tanto el derecho a la información como el derecho de información, ya que impide la difusión de datos que son de interés general; y constituye así mismo un atentado contra la libertad de expresión".

En cuanto al apartado del proyecto que consignó que los candidatos que posean relevancia pública significativa, hayan participado en elecciones previas o tengan reconocimiento manifiesto, deben estar incluidos en las encuestas obligatoriamente, el documento señaló que "discrimina a figuras nuevas que tengan aspiraciones políticas, reduciendo las preguntas a aquellas personas que ya tienen un recorrido político. Y por otra parte, es imposible conocer cuál es el nivel de favorabilidad y reconocimiento de una persona, hasta no haber preguntado por esta".

Tampoco se abstuvieron de poner en tela de juicio la razón por la que la Cámara decidió tramitar el proyecto como una ley ordinaria y no estatutaria, pues aseguraron que viciaron el trámite y que su objetivo fue omitir las garantías de deliberación y aprobación que exigen las leyes que regulan temas sensibles en el sistema democrático.

Por último, dejaron en claro algunos argumentos preliminares para que sea objetado: primero, no existen estudios científicos que confirmen el mito de que las encuestas influencian a los votantes a favor de ciertos candidatos; segundo, la restricción de su publicación reduce el acceso a dicha información a un grupo pequeño de personas; tercero, la ausencia de las encuestas oficiales proliferaría la aparición de sondeos sin respaldo técnico en redes sociales; cuarto, el mercado es el que debería definir qué empresas son serias y profesionales; quinto, la creación de nuevas metodologías obligatorias pone en entredicho la veracidad del trabajo de las firmas existentes; y sexto, su publicación es crucial para reducir la incertidumbre y evaluar los cambios y tendencias a través del tiempo.

Tampoco dejaron de lado el hecho de que las encuestadoras proveen empleo "a madres cabeza de familia, a personas sin experiencia laboral, a estudiantes, entre otros" y que la exigencia de entrega de información privada (teléfono, dirección, estrato, edad, género, etc.) atenta contra la protección de datos personales.

"Pedimos públicamente al señor Presidente de la República Gustavo Petro, objetar el proyecto de ley mencionado por las razones de constitucionalidad expresadas en este comunicado y para precaver la afectación grave de derechos que son axiales en nuestra Constitución", constató el documento.