Entidades estatales rechazan plan de De la Espriella que retira acuerdo de paz

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Tras un reciente anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en donde proyecta trasladar las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz a la figura de un nuevo Comisionado de Seguridad, cargo que reemplazaría al actual Comisionado de Paz, el mandatario entrante manifestó su intención de dar por terminado el acuerdo de paz firmado en 2016 y calificó a la Jurisdicción Especial para la Paz como un mecanismo que propicia la impunidad de los comparecientes.

De La Espriella también expresó ya en distintas ocasiones que planea recluir en prisión a Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', exintegrante de las extintas Farc, y cuestionó los permisos de desplazamiento internacional otorgados al firmante.

Frente a estos pronunciamientos, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz señaló que el pacto es una política de Estado que posee estabilidad jurídica hasta 2030, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017. La entidad instó a la Corte Constitucional a realizar el seguimiento correspondiente para salvaguardar la estructura institucional ante posibles reformas desde el Poder Ejecutivo, y solicitó mantener el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

Ante estas propuestas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también recordó que el próximo mandatario tiene la obligación de cumplir e implementar el Acuerdo Final de Paz por mandato constitucional, y precisó que el 7 de agosto inicia el tercer periodo de gobierno contemplado por la Constitución para la implementación, por lo que el cumplimiento de lo pactado forma parte de las obligaciones constitucionales del Ejecutivo.

Frente a la eliminación de consejerías de derechos humanos o de paz, Marín advirtió que la vigencia de estas funciones es un deber constitucional, por lo que instó a evaluar detenidamente el impacto de estos cambios administrativos para evitar cualquier regresividad en la protección de derechos y en el avance de la paz. Además, respecto a la captura de Rodrigo Londoño, la Defensra apuntó que si bien es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, este se encuentra asumiendo su responsabilidad ante la JEP, donde deberá enfrentar las sanciones restaurativas correspondientes.

Por otro lado, Integrantes del antiguo secretariado de las Farc, como Luis Albán y Pastor Alape, expresaron su rechazo a los señalamientos de reclusión contra Londoño, advirtiendo que tal proceder vulnera la Constitución, y ratificaron su decisión de continuar en el proceso de reincorporación.

Asimismo, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alejandro Ramelli, planteó la realización de un diálogo técnico con el equipo del gobierno entrante y precisó que la privación de la libertad en prisión se reserva para quienes no reconozcan su responsabilidad en el marco del tribunal.

Hasta el momento, De La Espriella no ha emitido respuesta a ninguno de los rechazos de los funcionarios, manteniendo en pie las recientes decisiones administrativas y judiciales para el gobierno electo.