Salud

"Solo seis de 29 EPS cumplen con los requisitos de habilitación financiera para operar"

Colprensa

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, dijo que el informe sobre las deudas de las EPS se basa en los estados financieros certificados con corte al 31 de diciembre de 2024

24 de julio de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co
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La Contraloría le ha puesto la lupa a diferentes problemáticas de interés nacional durante este año. Algunos de los más sonados han sido las advertencias del sistema energético, los informes sobre la justicia en Colombia y el desfinanciamiento de las Entidades Promotoras de Salud, EPS.

Los datos sobre este último sector han sido debatidos, incluso, por el presidente Gustavo Petro, quien negó y debatió las cifras presentadas.

El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a los estudios realizados recientemente por su entidad y a lo dicho por el primer mandatario.

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Las cuentas de su informe sobre la situación de salud fueron diferentes a las que mostró el presidente Petro, ¿a qué se debe esta discrepancia?

Como he mencionado anteriormente, no tengo la intención de contradecir ni de generar controversias sobre los informes de la Contraloría, ni con el presidente, ni con nuestros sujetos de control.

El informe de la Contraloría General de la República se basa en los Estados Financieros certificados y dictaminados a corte del 31 de diciembre de 2024, proporcionados por las 29 Entidades Promotoras de Salud, EPS, que forman parte de este informe.

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¿Cuáles son las principales causas del desfinanciamiento de las EPS en el país?

El desfinanciamiento del sistema no es un tema coyuntural, es el resultado de fallas estructurales en el modelo, debilidades en la regulación y la falta de respuestas adecuadas ante alertas reiteradas.
Además, el sistema presenta un deterioro creciente en la atención a los usuarios, lo que se refleja en el aumento alarmante de las peticiones, quejas y reclamos. En 2024, se registraron más de 1,6 millones de quejas, lo que representa un incremento de 23,2% con respecto al año anterior.

De estas quejas, 91% están relacionadas con barreras de acceso a servicios, medicamentos y tecnologías en salud, lo que evidencia que las deficiencias estructurales del sistema afectan directamente el derecho de los ciudadanos a recibir atención en salud.

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¿Cuáles son los datos más preocupantes de las EPS?

El sistema de salud de los colombianos está en una situación crítica, pues solo seis de las 29 EPS cumplen con los requisitos de habilitación financiera y solvencia necesarios para operar de manera efectiva. Estas entidades son Salud Total, EPS Familiar, Aliansalud, Comfaoriente, Salud Mía y Salud Bolívar. En conjunto, cubren a 5,6 millones de afiliados, lo que representa solo 11,41% del total.

Ninguna de las EPS intervenidas por el Gobierno cumple con estos requisitos. El informe de la Contraloría detalla tres indicadores cruciales para evaluar estas entidades: capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas.

Además, se registraron facturas por un valor total de $14,7 billones, aproximadamente 15% del costo médico por los servicios prestados ese año.

Las EPS pagaron alrededor de $13,3 billones, es decir, 90,32% de las facturas presentadas durante la vigencia.

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¿Qué ocurriría si el sistema de salud continúa en el camino actual?

Desde la Contraloría General hemos señalado que la sostenibilidad del sistema de salud está en riesgo, y que la inercia del sistema solo profundiza la desconfianza ciudadana.

Los datos fiscales, el comportamiento del sistema y las voces de los ciudadanos nos conducen a un diagnóstico claro: la salud no puede seguir esperando reformas sin control y medidas sin evaluación.
Es imperativo tomar decisiones basadas en el análisis riguroso de la situación y actuar de manera inmediata para garantizar la efectividad del sistema de salud en beneficio de todos los colombianos.

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¿A qué se debieron las auditorias al sector de energía?

Para dar cumplimiento a las competencias y facultades asignadas, con respecto al control posterior y selectivo, la Contraloría, atendiendo criterios técnicos como el análisis de riesgo sectorial, resultados de auditorías anteriores, alertas de la Diari, alertas de control interno, solicitudes del Congreso y recomendaciones ciudadanas e información de prensa, entre otros, se identifican sujetos y objetos de control con los cuales, al final de cada año, se estructura el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la siguiente vigencia, Plan que se publica en la web institucional para conocimiento de las entidades y ciudadanía.

¿Cuáles son los principales riesgos que se han evidenciado del sector energético?

Los principales riesgos identificados incluyen la disminución gradual de las reservas de gas y petróleo, con apenas 5,9 años de autosuficiencia en gas y cerca de 7 años en petróleo, lo que podría llevar al país a depender de importaciones más temprano de lo esperado. Se ha evidenciado un deterioro significativo de la infraestructura eléctrica, con 75% de las líneas de transmisión de alta tensión teniendo más de 35 años de servicio, lo que incrementa el riesgo de fallas.

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¿Cuál es el aspecto más crítico que tiene el sistema penitenciario?

El aspecto más crítico es el hacinamiento extremo, que el informe revela en algunos Centros de Detención Transitoria, con niveles superiores a 500% de su capacidad. Este hacinamiento lleva a infraestructura colapsada, bloques de alojamiento inhabilitados y obras inconclusas; déficit en servicios básicos, salud, alimentación, agua potable; y elevada inversión pública sin resultados, con hallazgos fiscales por $78.400 millones.

¿De los aspectos observados por el informe de la Contraloría General en las cárceles, qué tanto inciden en la seguridad del país?

Bastante. En la medida en que no logremos garantizar que la justicia pueda operar en las condiciones necesarias, se generará más impunidad. En el informe estamos resaltando que el nivel de reincidencia delictiva se ha incrementado en más de 20%.

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¿Cómo se puede ir superando esta crisis carcelaria?

En la Contraloría General continuaremos con la vigilancia y el control al sistema penitenciario, en este segundo semestre, adicionalmente, haremos varios seguimientos permanentes a algunas obras carcelarias que han bajado su nivel de ejecución, necesitamos que las obras se entreguen y lo hagan bien, esto le permite al país habilitar cientos de nuevos cupos para darle más fuerza a la justicia.