Esguerra y PPU puntean en la práctica de competencia y antimonopolio

Las noticias de competencia desleal que emanan desde la Superintendencia de Industria y Comercio denotan que los asesores legales en la práctica de competencia y antimonopolio son cada vez más importantes para las compañías.

Por eso, organizaciones como la francesa Leaders League, así como otras frecuentemente consultadas como Chambers & Partners o Legal 500, son guías importantes para saber cuáles son los despachos top en esta y otras áreas del derecho.

Según el listado 2017 de Leaders League, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Esguerra Asesores Jurídicos son los bufetes que más crédito se llevan en la práctica de competencia, seguidas de otras firmas calificadas como excelentes, como Baker McKenzie, Brigard & Urrutia, GPA e Ibarra Abogados.

“Esta práctica es importante porque pretende fortalecer al sector empresarial de forma sostenible y para lograrlo, se requiere un ambiente donde la competencia sea sana y tenga incentivos para crecer legítimamente. Es muy importante el valor agregado al ámbito transaccional y los clientes reconocen la capacidad de expandir los equipos con expertos regionales y globales”, explicó Carolina Pardo, socia del Grupo de Práctica de Competencia y Antimonopolio de Baker McKenzie.

Los más recientes casos en los que la Superindustria ha identificado posibles cartelizaciones o engaño a los consumidores ha generado una revisión cada vez más minuciosa por parte de la entidad regulatoria en la competencia justa, pues esta una de las formas de impulsar el avance de los mercados, de forma tal que no se repitan casos de firmas como Familia y Kimberly Clark, que han sido señaladas de cartelización.

“La actividad de las autoridades ha puesto en el radar de los empresarios la necesidad de plantear y manejar éticamente sus negocios, sin incurrir en carteles ni prácticas anticompetitivas, colusorias o corruptas”, explicó Mauricio Jaramillo, socio director del área de Propiedad Intelectual y Competencia de Gómez-Pinzón.

Jaramillo agregó: “por otra parte, los programas de beneficios por colaboración como el que maneja la SIC ponen mucha presión a los partícipes de carteles acerca de su continuidad en los mismos”.

En ese orden de ideas, para los juristas, esta práctica afronta nuevos retos, como procesos de análisis más sofisticados o la adaptación a nuevas tecnologías. “Hoy en día tenemos una jurisdicción en la que el tema de competencia ha evolucionado y los niveles de la discusión son bastante altos”, explicó Pardo, mientras que Jaramillo concluyó que “el desarrollo tecnológico lleva a que las conductas cada vez sean más difíciles de identificar, por lo que el apoyo legal demanda mayor sofisticación”.