Estados Unidos finalizará estatus legal de 500.000 migrantes de cuatro países latinos

Contenido

Esta semana, el gobierno federal de Estados Unidos emitió un aviso oficial en el que informó sobre la finalización del estatus legal de más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

Estos migrantes estaban bajo la protección de programas de permisos temporales de permanencia que se implementaron durante la administración del presidente Joe Biden. Según el documento, los afectados tienen hasta el 24 de abril para abandonar el territorio estadounidense, lo que les da un plazo de 30 días desde la publicación del aviso.

El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, había anunciado en enero pasado el fin gradual de estos programas que permitían la residencia y el trabajo temporal. En un comunicado oficial, el DHS mencionó que la administración anterior había utilizado ampliamente la figura de libertad condicional humanitaria para varias nacionalidades. “La administración Biden-Harris utilizó este programa para permitir la entrada de 1,5 millones de migrantes sin suficiente distinción. Estas acciones fueron suspendidas desde el primer día de la nueva administración”, señaló el texto. Las autoridades explicaron que esta medida busca volver al propósito original del programa, que es evaluar cada caso de manera individual.

Julio Moreno, abogado especializado en migración y fundador de The Moreno Law Firm LLC, en Atlanta, Georgia, explicó que el parole humanitario es una facultad discrecional del presidente que puede ser otorgada o revocada.

“Las personas que ingresaron bajo esta figura podían permanecer legalmente por dos años. La administración Biden ya había anunciado que no extendería estos permisos. Al llegar el final del plazo, los migrantes debían buscar opciones como solicitar asilo o contar con un patrocinio familiar para regularizar su situación”, detalló.

El abogado añadió que, al cancelar estos permisos de manera anticipada, muchos migrantes se quedan sin opciones inmediatas para regularizar su estatus.

Actualmente, hay una demanda federal que sostiene que esta revocación anticipada es injusta y que los beneficiarios deberían tener la oportunidad de completar su período de dos años. Sin embargo, según los expertos legales, no hay un mecanismo automático que permita extender estos permisos.