Las penas a las que Bonilla y Velasco se enfrentarían por escándalo de la Ungrd
La Fiscalía solicitó las audiencias de imputación de cargos y privación de libertad en centro carcelario contra los dos exministros
27 de noviembre de 2025Contenido
Tal como lo anticipó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el ente acusador radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, encargado de la macroinvestigación de este caso, ya radicó la solicitud. Según explicó el ente acusador, los implicados serían presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Además, la medida a solicitar será privativa de la libertad en centro carcelario.
¿Cuáles son las penas?
Según explicó Fabio Humar, socio director de Fabio Humar Abogados, se exponen, de ser encontrados responsables, a penas que superan los 12 o 15 años de prisión. “En este caso habría un concurso de delitos”, dijo.
Es clave entender que la ley penal colombiana no permite una simple suma aritmética de penas cuando hay varios delitos imputados. Según Humar, esta debe fijarse conforme a las reglas de la dosificación previstas en los artículos 60, 61 y 62 del Código penal, que consideran aspectos como la gravedad de los hechos, la modalidad de concurso y si existen circunstancias agravantes o atenuantes.
El primero de los delitos que se les imputará es concierto para delinquir, que está previsto en el artículo 340 del Código Penal, el cual tiene una pena máxima de 108 meses (nueve años) en su modalidad básica.
“Cuando se trata de un concierto para delinquir relacionado específicamente con los delitos previstos en el inciso segundo, la pena puede alcanzar hasta 216 meses (18 años), y aumentarse hasta en la mitad para quienes organicen, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien dicho concierto.
Si intervienen servidores públicos o si está vinculado al contrabando, la pena prevista puede llegar hasta 144 meses (12 años). Además, la norma contempla la imposición de multas de hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, explicó Juan Francisco Navarrete, socio de Navarrete Consultores.
En el caso del delito de interés indebido en la celebración de contratos, previsto en el artículo 409 del Código Penal, la pena máxima puede alcanzar los 216 meses (18 años). Además, contempla una multa de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo que también puede ser de hasta 216 meses (18 años).
El tercer delito por el que serán imputados es el de cohecho por dar u ofrecer, contemplado en el artículo 407 del Código Penal, según explicó Navarrete. Este establece una pena de hasta 108 meses (nueve años), una multa de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de hasta 144 meses (12 años).
Las investigaciones
Todo el caso se remonta a 2023, cuando, según las investigaciones, los exministros mantuvieron reuniones para beneficiar a congresistas con contratos, con el fin de lograr cupos en las comisiones económicas del Congreso.
La pieza clave en todo este embrollo es María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. En el principio de oportunidad que presentó la Fiscalía a finales de julio para Benavides, el exministro Bonilla sí impartió órdenes e instrucciones a la funcionaria, con el propósito de beneficiar ilícitamente a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito, a cambio de facilitar el trámite de créditos de interés del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esos seis congresistas son los representantes Wadith Manzur, del Partido Conservador; Karen Manrique, quien ocupa una curul de paz; Julián Peinado, del Partido Liberal; el exrepresentante Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde; así como los senadores Liliana Bitar, del Partido Conservador; y Juan Pablo Gallo, del Partido liberal.
El interés se centró en contratos en los municipios de Cotorra, (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), y el valor total de estos contratos fue de $90.000 millones.
Falta mucho camino por recorrer en este escándalo, que salpicó a todas las esferas del poder.
Antecedentes
Según el expediente, el 31 de octubre de 2023, en el despacho de Hacienda, el exministro Ricardo Bonilla ordenó a la exasesora María Alejandra Benavides recibir proyectos de inversión regional. Estos planes eran de interés ilícito de los congresistas y su finalidad era asegurar su asistencia a sesiones clave sobre créditos nacionales. El 23 de noviembre de 2023 ocurrió otra reunión en el MinHacienda, en la que asistieron Bonilla, Benavides y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.