Estatuto antiterrorista recibió aval del Consejo de Política Criminal en el Congreso
El proyecto del Gobierno contempla un registro de organizaciones terroristas, nuevas sanciones penales y medidas para perseguir los recursos económicos de estas estructuras
16 de octubre de 2026Contenido
El Estatuto Antiterrorista recibió el visto bueno de la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional de Política Criminal. Según Información de La FM, la iniciativa obtuvo alrededor de 11 votos favorables y tres en contra, estos últimos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el Pacto Histórico. El proyecto será presentado ante el Congreso por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para continuar su trámite legislativo.
La propuesta va en busca de fortalecer las herramientas del Estado para combatir a las organizaciones armadas ilegales. Entre sus principales disposiciones está la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, que permitiría aplicar medidas como el congelamiento de fondos, activos y recursos económicos de sus integrantes.
El articulado también plantea crear nuevos delitos y aumentar hasta en una tercera parte las penas para determinadas conductas cuando se compruebe su relación con una organización terrorista. Entre estas se encuentran el uso de drones, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, los delitos informáticos, las asonadas y los ataques contra la Fuerza Pública.
Otro de los puntos contempla la creación de un alto comisionado contra el terrorismo, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre. De acuerdo con el borrador conocido, el presidente tendría facultades extraordinarias para reglamentar las funciones de esta figura.
La iniciativa incluye, además, un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las organizaciones criminales, con restricciones en las comunicaciones y las visitas. Al mismo tiempo, propone beneficios de reducción de hasta 60% de las penas para quienes colaboren con las autoridades y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras incluidas en el registro.
Sin embargo, el proyecto tuvo reparos durante su evaluación en el Consejo de Política Criminal. La Sala Penal de la Corte Suprema cuestionó la creación del registro de organizaciones terroristas y la figura del alto comisionado, por considerar que esta última podría llegar a tener atribuciones por encima de los jueces.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó objeciones frente a la posibilidad de que determinadas conductas, como el reclutamiento forzado, sean consideradas terrorismo. La representante del Pacto Histórico, Paola Andrea Quiñónez, también votó en contra al señalar preocupaciones relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos.
Con el aval del Consejo, el Gobierno podrá avanzar hacia la presentación de la iniciativa ante el Congreso, donde se deberá discutir su contenido y el alcance de las medidas propuestas.