Este es el proyecto de MinJusticia que busca beneficios para los líderes criminales
Los máximos responsables enfrentarán penas privativas de libertad entre cinco y ocho años, mientras que los miembros con roles menores recibirán penas de dos a cinco años
21 de julio de 2025Contenido
El Ministerio de Justicia, en cabeza de Eduardo Montealegre, presentó ayer el Proyecto de Ley 002 de 2025, cuyo objetivo principal es establecer un tratamiento penal diferenciado para miembros de grupos armados al margen de la ley, con el fin de contribuir a la consolidación de la paz, el orden público y la seguridad ciudadana. La ley se aplica a grupos como los Gaoml, Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley; Grupos Armados Organizados, GAO; y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, Eaocai, así como a financiadores y colaboradores.
"El proyecto que se presentó ayer tiene varios ejes: grupo de crimen organizado reconocido por el DIH, grupos al margen de la ley que no entran en justicia transicional y en tercer lugar los de protesta social", dijo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre
Los integrantes de Gaoml y GAO que se desmovilicen y cumplan con condiciones como la entrega de armas, bienes ilícitos y la liberación de menores vinculados a sus filas, podrán acceder a penas alternativas más bajas. Los máximos responsables enfrentarán penas privativas de libertad entre cinco y ocho años, mientras que los miembros con roles menores recibirán penas de dos a cinco años. Además, se establecen mecanismos de justicia restaurativa, como la participación en programas de reparación colectiva y transformación territorial.
Para las Eaocai, la ley ofrece rebajas de pena entre 40% y 60% a cambio de colaboración eficaz en el desmantelamiento de sus estructuras, entrega de bienes y aportes a la verdad y reparación de víctimas. Los jefes de estas organizaciones pueden negociar acuerdos con el Gobierno Nacional, siempre que cumplan con requisitos como el cese de actividades ilícitas y la entrega de información relevante.
"Valoro mucho lo que hizo Juan Manuel Santos por la paz, pero el conflicto no se acabó con el proceso de La Habana. Si Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia", dijo el ministro Montealegre.
Penas y Condiciones
La ley establece que las penas alternativas se ejecutarán en espacios rurales o urbanos destinados a la construcción de la paz, diferentes a las cárceles tradicionales. Los máximos responsables podrán acceder a libertad preparatoria después de cumplir cinco años de prisión, siempre que demuestren avances en su reintegración. Sin embargo, se excluyen de estos beneficios quienes afecten el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.
Los beneficios pueden ser revocados si los miembros de los grupos armados incumplen sus compromisos, reinciden en actividades delictivas o no participan en los mecanismos de verdad y reparación. En estos casos, se activarán las penas ordinarias originalmente impuestas.
Tratamiento para Protestas Sociales
La ley también incluye disposiciones para personas procesadas por conductas cometidas durante protestas sociales. Estas podrán acceder al principio de oportunidad o rebajas de pena de 70%, siempre que colaboren con el esclarecimiento de los hechos y participen en procesos de reparación colectiva.
"A los pertenecientes a la primera línea se le otorgará una disminución de 70% de la pena impuesta. Cando entren a un proceso de justicia restaurativa, ellos podrán tener 70% de rebaja de la pena y una libertad condicional", dijo el ministro de Justicia.