Esto es lo que pueden hacer cuando los vecinos de bares superan sus niveles de ruido

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Existe un conflicto sobre la actividad comercial y el derecho al descanso en zonas de uso mixto, regido por normativas que buscan equilibrar el desarrollo económico con la convivencia. Según explica el abogado constitucional Nicolás Bazzani, especialista de Lima Abogados, la existencia de ruido por sí misma no constituye una vulneración legal, pues el ordenamiento territorial establece zonas específicas para actividades de servicios especiales, como los bares y las discotecas.

El ejercicio de actividades ruidosas está condicionado al cumplimiento de medidas de mitigación urbana: “Si se va a hacer una discoteca cerca de viviendas, se deben tener condiciones de mitigación ambiental, por ejemplo, insonorizar paredes, localizar mejor la actividad de tal manera que no genere un impacto directo”, explica Bazzani. La Ley 1801 de 2016 y la reciente Ley 2328 de 2023, conocida como la Ley Antirruido, condicionan a las alcaldías para gestionar el impacto auditivo permitido a usar según la zona.

Básicamente, esta regulación permite que los horarios de rumba varíen según la potestad de cada administración municipal. La legalidad de la mixtura de usos en un sector depende de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT.

Bazzani destaca que lo contrario a la normativa es el incumplimiento de las medidas de mitigación, pues la mezcla de usos comerciales y residenciales está sujeta a condiciones técnicas obligatorias que deben ser verificadas por inspectores de la Policía Nacional.

Qué hacer Ante el ruido excesivo

Los ciudadanos pueden presentar mediciones privadas como evidencia. El abogado sostiene que “sí podría tener valor probatorio una medición privada en un proceso policivo” para demostrar la infracción de las normas de convivencia, aunque advierte que dicha prueba puede ser objeto de contradicción por parte del establecimiento afectado.

Respecto a las sanciones, el ordenamiento exige que las medidas sean proporcionales e idóneas. Bazzani indica que se debe evitar imponer medidas excesivamente restrictivas sin una ponderación constante: “siempre hay que tomar unas medidas que sean proporcionales, que sean idóneas, necesarias y que tenga una proporcionalidad en sentido estricto”, protegiendo los derechos de todas las partes. La Constitución Política, en su artículo 79, garantiza el derecho a un ambiente sano, el cual debe coexistir con el derecho al trabajo.

Bazzani aclara que para defender estos derechos ante fallos irregulares procede la tutela, pero recalca que “hay que agotar todas las vías principales, como la primera y segunda instancia, antes de ir a la tutela contra providencia”.

En conclusión, la convivencia en estas zonas depende de la verificación de los sistemas regulatorios por parte de las alcaldías. La mitigación del ruido no es una sugerencia, sino una condición obligatoria para asegurar que la activación económica de los sectores no sacrifique la armonía y la tranquilidad de los residentes.