Estos son los retos del derecho a la protesta ciudadana previo a un nuevo año electoral

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El paro nacional no fue, ni es un tema menor en la agenda política y económica. Desde abril y hasta los primeros días de agosto de este año, el país vivió una de las crisis sociales más graves de los últimos años, una que se venía cosechando desde noviembre de 2019, pero que se intensificó a causa de una mayor desigualdad y el aumento de las necesidades de la población a causa de la pandemia.

Es por esto, que varios empresarios, analistas y expertos, reunidos en el foro LR, “Movilización ciudadana: Avances y temas pendientes”, señalaron que aún el país está a tiempo, previo a unos debates electorales, de establecer herramientas para que las necesidades sociales se demanden a través de herramientas de participación ciudadana y se evite el aumento de la violencia, que en este momento es un hecho que más allá de un problema de orden público.

En este sentido nueve panelistas y conferencistas destacaron los retos que se tienen en materia de defensa de derechos humanos, mientras se mantiene una estabilidad institucional en Colombia.

El evento fue organizado por la Universidad Externado de Colombia, institución que además destacó un estudio que reveló cómo algunos puntos claves para dirimir los problemas de manera pacífica. El rector de la universidad, Hernando Parra Nieto, aseguró que la movilización social debe ser pacífica y es una “de las máximas expresiones democráticas, pues permite caminos de diálogo sobre temas como pobreza, salud y empleo”.

Diálogo y políticas públicas

En el primer panel de discusión del evento, moderado por Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado, se trataron las razones de las últimas movilizaciones sociales. Camilo Umaña investigador de la Universidad, aseguró que una de las secuelas, motivo de investigación actual, fue el uso de la fuerza desmedida. “Ello implicó muchas violaciones de derechos humanos, pues 11% de las protestas terminaron en desmanes”.

También aseguró que el problema no es la normatividad, sino el ordenamiento jurídico del país. “Lo cierto es que la interpretación normativa es un lío que va más allá de la norma. Tenemos, por ejemplo, la militarización de las calles, lo cual implica posibles violaciones de los derechos, además del uso de armas letales”.

A su turno, Doris Elena Jacanamijoy, líder indígena y miembro de la Onic aseguró que, como pueblos indígenas “no es nuevo que hayamos salido a protestar por los derechos y el incumplimiento de los acuerdos, lo cual ha perpetrado la violencia en los pueblos indígenas”. Jacanamijoy agregó que los temas pendientes en la agenda de las políticas públicas está la defensa derechos humanos, la delimitación de los territorios y el reforzamiento de la economía y el ambiente; lo que se tendrá que tratar en la siguiente administración.

“No ha habido respuesta del Estado hacia estos puntos. Además, no vemos un escenario para el diálogo inclusivo de nuestra comunidad con la sociedad”, agregó.

Sobre el tema. la directora de Propacífico, María Isabel Ulloa, aseguró que como respuesta a la grave situación que ha vivido, en especial el Valle del Cauca, la entidad se ha acercado a la ciudadanía para escucharlos y crear caminos de diálogo, los cuales se han visto eclipsados por la violencia, tanto de la Fuerza Pública como de manifestantes.

Los alcances de la protesta

El foro cerró con algunas conclusiones propuestas por Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, Santiago Garcés, investigador del Cinep y Andrés García, docente de economía de la Universidad Externado. Una de las conclusiones estructurales del debate son los modos en que se deben impulsar las movilizaciones sociales en medio de un entorno democrático, además de un ambiente inclusivo en las presidenciales del próximo año. Es importante, según los ponentes, que se centren en los problemas descritos anteriormente y que se deje de tratar solo como un problema de orden público.

Ponentes

Doris Jacanamijoy

Jacanamijoy aseguró que los indígenas durante el paro intentaron entender no solo sus problemas puntuales, sino los de los demás colombianos. “Necesitamos soluciones en derechos humanos, delimitación del territorio y otros aspectos de índole económico y ambiental; también en el cumplimiento de los acuerdos de paz”, dijo.

Hernando Parra, rector de la Universidad Externado

Hernando Parra, rector de del Externado, aseguró que es imperante que el Estado garantice el ejercicio de la protesta pacífica, como también es deber de los manifestantes respetar los derechos ajenos, como el no bloqueo de las vías y el no daño al bien público. “Nuestra institución ha sido un bastión democrático”, dijo.

Juan Pablo Díaz Granados, viceministro del Interior

El viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, dijo que las manifestaciones en Colombia han sido guiadas por una tendencia mundial. Las que se presentaron este año en el país fueron inéditas, pues según datos revelados por el funcionario, alrededor de 1.755 uniformados fueron heridos, además de 1.140 particulares.

Camilo Umaña, investigador y docente de la Universidad Externado

Camilo Umaña, investigador y docente del Externado recordó que el Gobierno Nacional debe trazar una perspectiva territorial, en vez de nacional, para diagnosticar las necesidades del país. Agregó que el paro nacional obedeció a un incumplimiento tanto de la paz, como de los derechos ambientales y económicos.

Andrés García, docente e investigador de la Universidad Externado

Andrés García, docente e investigador de la Universidad Externado, aseguró el reto del país es seguir haciendo el tránsito de un país violento luego del Acuerdo de paz. El docente aseguró que el país no puede entrar en otro ciclo de violencia política, más aún cuando la ciudadanía está ad portas de entrar a las urnas.

María Isabel Ulloa, directora de Propacífico

Propacífico aseguró, a través de su directora, María Isabel Ulloa, que se ha intentado establecer una cercanía con la ciudadanía. “Estamos hablando con las personas para entender qué esta pasando, pues las cifras de desempleo han empeorado. Solo en el Valle del Cauca hay 500.000 personas que están en la pobreza”, dijo.

Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda

Gómez Martínez dijo que existe un fuerte lazo entre la violencia y la economía del país. A modo de ejemplo, aseguró que el comercio exterior por el Puerto de Buenaventura se vio afectado, aún hoy en día, por las jornadas violentas del paro nacional, pues existió una marcada desconfianza durante los peores días de la crisis.

Santiago Garcés, investigador del Cinep

Garcés aseguró que el debate tras la protesta va mucho más allá de lo obvio. Es importante, según el investigador, dejar de lado la estigmatización y el uso de términos poco adecuados, como “complot”, cuando se encaran las razones de la violencia. Añadió que a mayor democratización en la sociedad, menor uso de la violencia.

Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado

El decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Julián Arévalo, aseguró que la institución ha convocado más de 25 investigadores para hacer un análisis económico y académico sobre la incidencia de la protesta social en el país. Agregó que el estudio se realizó con el objetivo de entender la dimensión del fenómeno.