ETB tendrá que responder ante la Contraloría por un contrato que se venció en 1996

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La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) deberá responder ante la Contraloría por un contrato que caducó en 1996, y por el cual se la compañía recibió una multa de $7.649 millones. El hallazgo se hizo luego de una auditoría de desempeño de la compañía.

De acuerdo con el informe de auditoría del ente regulador, se estableció un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria y penal por un valor de $6.444 millones. La multa estaría relacionada con un contrato de $1.274 millones firmado con el Consorcio Jorge Ariel Velosa Peñarete y RYL Ltda en 1995, el cual tenía como objetivo la construcción de redes telefónicas primarias y secundarias en las centrales telefónicas de San Fernando.

Sin embargo, en 1996 el subgerente de Operaciones I de ETB, emitió la Resolución No. 10409, en la cual se declaró el incumplimiento de la obligación del consorcio de responder por los daños que se dieran por razones a él" imputables”. Luego, la compañía de telecomunicaciones anunció el termino del contrato de interventoría por medio de otra resolución. Además, mediante la División de Operaciones de Oriente se asumió la interventoría del acuerdo con el consorcio.

Según el informe, ETB le comunicó al contratista sobre la aproximación del vencimiento del contrato, por lo que se extendió por 100 días. Sin embargo, el consorcio no estuvo de acuerdo y dijo que el plazo para la ejecución del contrato ya había vencido el 18 de mayo de 1995.

La compañía de telecomunicaciones rechazó el recurso interpuesto por el consorcio y declaró el termino del contrato. Casi seis meses después, el consorcio pidió la ecuación económica del contrato de acuerdo con cuatro puntos que incluían la adjudicación y tramitación tardía del contrato, mayor permanencia en la obra por causas imputables a ETB, el incumplimiento de ETB en el pago oportuno de las cuentas y el cambio del impuesto de IVA de 14% a 16%.

Sin embargo, ETB rechazó la solicitud y liquidó unilateralmente el contrato.

Finalmente, el consorcio radicó a la compañía de telecomunicaciones con el objetivo de que se anulara la resolución por la cual ETB declaró el termino del contrato y solicitó que se le pagara por todos los daños ocasionados.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las solicitudes de la demanda en 2006. Por lo que fue llevada al Consejo de Estado y hasta 2018 salió a favor del consorcio. Ese mismo año, ETB le tuvo que pagar al Consorcio Jorge Ariel Velosa Peñarete y RYL Ltda $7.649 millones.

Ahora, 27 años después ETB deberá responder ante la Contraloría por el hallazgo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria y penal por un valor de $6.444 millones.

Ante el informe de auditoría de la Contraloría, ETB aseguró que "la compañía ha venido demostrando al ente de vigilancia que el Comité de Conciliación tomó una decisión en derecho al no establecer un proceso contra su exfuncionario, quien declaró la caducidad de un contrato en 1996, a partir de los reiterados incumplimientos del consorcio. Al analizar el caso con rigurosidad no se identificó una conducta dolosa o gravemente culposa, debido a que el extrabajador actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente para la fecha, la cual cambió 16 años después con una sentencia de unificación del Consejo de Estado (2012)".

"Es importante precisar que en la actualidad no existe un fallo de responsabilidad fiscal en firme en contra de ETB ni de ninguno de sus colaboradores por estos hechos. Así, en las instancias pertinentes ante los entes de control, la compañía seguirá presentado los argumentos y aportando la información que le sea requerida" agregó ETB por medio de un comunicado.