"Exigimos una apertura gradual y real de los despachos judiciales"

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Con el objetivo de exigir una reapertura gradual de la justicia, diferentes abogados litigantes salieron a las calles hace unas semanas con traje y tapabocas para hacer un plantón frente a los palacios de justicia de distintas ciudades del país. Asuntos Legales habló con el presidente de la Federación de Colegios de Abogados (Fedeacol), Gerardo Duque, para saber cómo le han parecido las decisiones tomadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

¿Cuál es la situación actual que enfrentan los abogados litigantes?
Desde el pasado 16 de marzo, la Judicatura decidió cerrar los despachos judiciales debido a la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel mundial. Desde esa fecha, los abogados litigantes no han generado sus honorarios para poder subsistir.

Por esa razón, decidimos declarar “la crisis del abogado litigante”. Desde ahí, se emprendieron acciones tendientes a reclamar al Estado Colombiano la apertura de los despachos judiciales con el fin de no afectar a la administración de justicia como derecho fundamental. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta para tener una solución oportuna a nuestras peticiones.

¿Qué estaban exigiendo frente a los palacios de justicia?
Lo que estamos exigiendo es la apertura gradual y real de los despachos judiciales a nivel nacional, prevaleciendo la implementación de la virtualidad en Colombia. Además, pedimos que se dé el acceso a la justicia de manera eficaz en todo el territorio nacional, con la cobertura de internet para toda la ciudadanía. También, que se establezca el expediente digital para poder operar respetando el debido proceso en las actuaciones judiciales.

¿Qué le parecieron las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura?
Si bien es cierto que las medidas resultan apropiadas para proteger la vida de toda la comunidad jurídica: jueces, abogados y usuarios de la administración de justicia, también lo es que se han implementado unas audiencias y procesos virtuales como las acciones de tutela y el hábeas corpus, pero no es suficiente en un país donde hay tanta impunidad y que no tengan los despachos dispuestos para poder ejercer nuestra labor.

¿Qué piensa de las declaraciones de Asonal Judicial frente a la reapertura de los juzgados?
Compartimos con Asonal Judicial dicha petición, en lo que tiene que ver con el derecho a la vida y a la salud de los funcionarios, pero no estamos de acuerdo en los paros judiciales para evitar la apertura de los despachos. Lo anterior, porque se estaría violando el Artículo 229 de la Constitución Política de Colombia, en el que establece que todas las personas, sin excepción, tendrán derecho al acceso a la justicia.

¿Cuáles diría que son los mayores defectos actuales de la justicia?
Creería que es la falta de la implementación de una plataforma virtual y un expediente judicial, la cual fue propuesta desde la Ley 527 de 1999. Deberían haber trabajado un plan piloto para desarrollar todos los mecanismos tecnológicos que faciliten el acceso en línea de los usuarios y de los abogados a los expedientes judiciales. Esto hubiera servido mucho para descongestionar la rama judicial, y no estaríamos en esta situación tan grave que afecta a los derechos fundamentales como es el acceso a la administración de justicia.

¿Qué opina de la digitalización de la justicia?
De ninguna manera nos oponemos a esta transformación en el servicio de justicia en Colombia, ya en otros países de Latinoamérica y del mundo ello ha representado un avance primero a favor del medio ambiente, en la agilización de los procesos que en Colombia sigue siendo el talón de Aquiles de una justicia pronta y cumplida. Lo que si debe ser claro es que en un 100% es imposible que esta se implemente por cuanto hay áreas como en el derecho penal y en otras ramas donde la presencialidad es fundamental en los sistemas de juzgamiento en el mundo.

¿Cuál sería uno de los mayores retos que enfrenta la justicia?
Sin lugar a dudas una Reforma a la Justicia a fondo ya que desde la misma Rama no ha habido voluntad política para hacerla, para depurar los vestigios de corrupción que aún permanecen.

También es necesario la implementación de la virtualidad del expediente judicial y finalmente la regulación de la profesión de abogado como existe en el mundo a través de una colegiación obligatoria, aprovechando la ultima reforma constitucional del acto legislativo que consagra que los colegios de abogados podrán ejercer la disciplina de sus pares.