Exministro Ruiz lamentó que el gobierno retirara el apoyo a su candidatura a la OPS

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El exministro de Salud Fernando Ruíz, en una carta dirigida al canciller Álvaro Leyva, lamentó que el Gobierno Nacional hubiera retirado el apoyo a su aspiración para presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y solicitó que el país retire su candidatura de manera oficial, en cuanto no se pueden postular nuevos nombres para el cargo.

"En mi condición de colombiano, además de candidato, lamento la posición tomada ya que más de 20 países habían acompañado y respaldado la aspiración de Colombia. Aspiración por demás lógica y natural, ya que nuestro país nunca ha ostentado dicha posición en los 120 años de la Organización y con la mencionada decisión, seguramente nuestro país no tendrá opción efectiva durante los próximos 10 años", dice la carta del exministro, que agrega que su candidatura fue "respetable y carente de cualquier conflicto de intereses".

Las razones detrás de la decisión del Gobierno, según explican algunos medios, tienen que ver con que la OPS impacta las políticas de salud locales, por lo que "no podía estar ahí una persona que no estaba en la línea del nuevo Gobierno de Gustavo Petro”, reseñó La W.

También volvieron a renacer algunas medidas que no cayeron bien en los últimos días del Ministerio de Ruiz, que a una semana de dejar el cargo, publicó para comentarios un nuevo proyecto de resolución para modificar el etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Esto, después de que la Universidad de Antioquia entregara el estudio contratado para determinar tamaños, colores, formas, leyendas y ubicación del etiquetado frontal en productos procesados.

En los días en que la candidatura del Ruiz fue conocida, la Cartera adjudicó el contrato a la Universidad de Antioquia, por $72 millones, con un plazo de ejecución de 45 días, para realizar “la evaluación de la mayor evidencia disponible para establecer formas, color, tamaño, leyendas y ubicación del etiquetado frontal de advertencia para productos procesados en Colombia”.

Lo anterior, en cumplimiento de la Ley 2120 de 2021 aprobada por el Congreso, que ordenó a la cartera de Salud reglamentar “los parámetros técnicos de este etiquetado definiendo, la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses”.

El estudio concluyó que "el octágono es la que presenta mayor evidencia disponible en los estudios experimentales aleatorios, siendo incluida como variable de intervención en 88,9% de los estudios". Además, las etiquetas destacadas fueron las negras, por ser el color "más apropiado para capturar la atención y tiene mayor potencial de maximizar la percepción de insalubridad". La figura que acompaña el texto es "Exceso en", para determinar los valores nutricionales y los componentes de los alimentos y bebidas de alto contenido en azúcar o grasas.

Fue esa la resolución que hizo necesario modificar la anterior norma (Resolución 810 de 2021), aclarando que los requisitos que no están relacionados directamente con el etiquetado frontal de advertencia, como la tabla nutricional, continuaban con las disposiciones establecidas en la 810.

Esa norma establecía que los sellos eran redondos, de fondo negro y borde blanco, con un texto en mayúsculas que indica en su interior que el producto es alto en azúcares añadidos, grasas saturadas o sal o sodio.

En cuanto esa norma, que ahora se debe modificar, tenía como fecha máxima de implementación el 16 de diciembre de este año, muchas empresas obligadas a ello ya tienen en el mercado productos con las etiquetas redondas que ahora deberán cambiar.

Los costos de ese proceso no son menores, si se tiene en cuenta que en el ‘Análisis de Impacto Normativo en la temática de etiquetado nutricional y frontal de los alimentos envasados en Colombia’, publicado por el Ministerio en mayo de 2020, se estimó que implementar esta política pública, en un periodo de 25 años, costaría $697.758 millones, muy por encima, por ejemplo, del caso canadiense, donde se estimó en $166.853 millones para 10 años.

Esto a nivel agregado. Sin embargo, el documento calculó también los costos para las cerca de 1.600 empresas impactadas por la normativa, que además de asumir una reducción de ventas de 10% por la regulación deben asumir un costo promedio por etiqueta de $5 millones, en el caso de las micro y pequeñas compañías; y $15 millones, para las medianas y grandes.