Fallas en ayudas humanitarias para víctimas llegan a revisión de la Contraloría
La Contraloría identificó problemas de cobertura, conectividad, validación de identidad y trazabilidad que habrían afectado la entrega de estos recursos durante el primer semestre de 2026
14 de septiembre de 2026Contenido
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La entrega de las ayudas humanitarias para las víctimas de desplazamiento forzado quedó nuevamente bajo revisión. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 pidió a la Contraloría General de la República revisar posibles irregularidades relacionadas con la colocación y el pago efectivo de estos recursos durante 2026.
La alerta surgió luego de que la Sala conociera un informe de la Contraloría Delegada para el Posconflicto sobre cómo ha funcionado el esquema de pagos durante el primer semestre del año. El documento advierte que, en distintas zonas del país, se han presentado obstáculos que pueden terminar dificultando que los beneficiarios reciban la ayuda.
Entre los problemas identificados aparecen la falta de cobertura territorial, dificultades para disponer de efectivo y fallas de conectividad. A esto se suman inconvenientes en el cargue de beneficiarios. La Contraloría también encontró situaciones relacionadas con recursos reintegrados y dificultades para conciliar los valores entregados.
Las cifras muestran la dimensión del esquema. Al 30 de junio de 2026 se habían colocado 246.668 giros de atención humanitaria. De ellos, 198.588 ya habían sido pagados, 21.907 fueron reintegrados y otros 26.173 permanecían vigentes.
Para la Sala, estos inconvenientes no son solo un problema operativo. La atención humanitaria busca garantizar condiciones mínimas de subsistencia a personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, por lo que las dificultades para recibir los recursos pueden tener un impacto directo en sus condiciones de vida.
Por eso, mediante el Auto 530 de 2026, la Sala puso la información en conocimiento de la Contraloría para que determine si los hechos reportados ameritan acciones de control fiscal. La revisión hace parte del seguimiento que realiza la Corte Constitucional al Estado de Cosas Inconstitucional declarado en 2004 frente a la situación de la población desplazada.