Fiscal Díaz Torres y exsecretario de Salud de Córdoba no aceptaron cargos
Se da en el marco de la investigación que se adelanta por el llamado 'Cartel de la Hemofilia'.
04 de octubre de 2017Contenido
El fiscal 78 de la Unidad Anticorrupción, Daniel Fernando Díaz Torres, y José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de salud de Córdoba, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, en el marco de la investigación que se adelanta por el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.
La Fiscalía les imputo los delitos de cohecho y concierto para delinquir, tras ser capturados el pasado martes por el escándalo en el departamento del Córdoba, donde también han sido vinculados el senador Musa Besaile, contra quien se compulsarán copias a la Corte Suprema de Justicia.
Así mismo, el ente acusador reveló que en este entramado de corrupción también está involucrado el hermano del senador y actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. Además de Neira Plazas Arenas, quien tendría responsabilidad en el ilícito.
Allí los nombres del exfiscal de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y el abogado Leonardo Luis Pinilla, también sonaron en la diligencia judicial. La fiscal reveló que tendrían injerencia en este acto de corrupción que generó un detrimento por más de $50.000 millones en el sector salud en el departamento de Córdoba.
Según el reporte de la fiscal del caso, la investigación que se adelantaba desde junio de 2016 estaba a cargo de la fiscal Martha Inés Sepúlveda, pero una vez llegó Luis Gustavo Moreno a la Unidad de Anticorrupción fue relevada de su cargo, y en su lugar quedó como encargado Díaz Torres, hoy capturado.
“La fiscal Sepúlveda y su investigador empezaron a ser objeto de varios requerimientos y presiones indebidas por parte del doctor Moreno, hasta que fueron relevados de la investigación”, precisó la fiscal.
Según la delegada, “el fiscal Moreno conocía las investigaciones y los avances en el caso del denominado ‘Cartel de la Hemofilia’ en Córdoba. Investigaciones que se adelantaban por los graves hechos de corrupción que acarrearon la defraudación del sistema de salud en más de $50.000 millones”, dijo la fiscal.
En medio del material probatorio expuesto por la Fiscalía, se reveló que uno de los favorecidos en este detrimento en el sector salud, habría sido el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, y José Jaime Pareja, exsecretario seccional de salud, además de particulares de mediano y alto poder.
La fiscal precisó que al iniciar el año y cotejar la información que se tenía sobre el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’ pudo constatar que “el exsecretario de salud José Pareja, autorizó y ordenó el pago de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana por concepto de suministro de medicamentos a pacientes no POS”.
En medio de dicha investigación se logró determinar que “la IPS San José de la Sabana ya venía registrando pagos indebidos que ascendían a la suma de $5.750 millones y que habría responsabilidad del operador del gasto, es decir del secretario de salud de esa época, en ese entonces Alfredo José Calarcá Narváez“, sobre estos hechos ya tenía conocimiento el fiscal Díaz Torres, quien habría omitido anunciarlo a las autoridades.
Según la Fiscalía, “Díaz Torres conocía el modus operandi de las defraudaciones a la salud en el departamento de Córdoba, no solo por los avances de la investigación, sino también por participación en los comités técnico-jurídicos”.
El reporte de la Fiscalía confirmó que los pagos registrados a la IPS se hacían por medio de su representante legal, en ese entonces, Ruben Darío Guerra, quien en declaración juramentada ante la Fiscalía “manifestó que para que se hicieran los pagos debía pagarse el denominado rodaje a los funcionarios de la secretaria de salud, para que se agilizaran los trámites correspondientes, que curiosamente con esta IPS (San José) no había convenio con la gobernación de Córdoba y por lo tanto las auditorias que realizaba la gobernación excluían del tema de la hemofilia”.
La Fiscalía enfatizó que en medio de este caso, el ente acusador adelantó dos investigaciones: “una por corrupción en la administración de los recursos públicos y otra por corrupción dentro de la justicia que convergen plenamente”.