Fiscalía acusó a nueve exmilitares por tortura contra civiles durante retoma del Palacio
El ente acusador estableció que los trasladaron a sedes del Ejército y la Policía argumentando que estaban involucrados en el atentado
28 de noviembre de 2025Contenido
Ante la Corte Suprema de Justicia, una fiscal delegada acusó, como autores impropios, a nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en delitos de tortura contra civiles durante la retoma al Palacio de Justicia en 1985, quienes fueron señalados como 'sospechosos' del atentado.
Entres los elementos probatorios que sustentan la decisión, la Fiscalía identificó que estos exintegrantes del Ejército, mientras ejercieron sus cargos en 1985, presuntamente estuvieron involucrados en sucesos de trato cruel y degradante en contra de 11 personas, a las cuales trasladaron a instalaciones militares y de la Policía Nacional desde la Casa del Florero, argumentando que estaban involucradas en la toma del Palacio de Justicia.
Dos de las víctimas torturadas, eran estudiantes de derecho de una universidad privada que estaban de visita en la sede judicial y a quienes rescataron en medio del intercambio de disparos entre miembros del M-19 y de la Fuerza Pública. A ellos los llevaron "a diferentes lugares para ser interrogados en medio de humillaciones, antes de quedar en libertad", según explicó la Fiscalía.
Otro de los ciudadanos afectados por las acciones de los exintegrantes del Ejército era un funcionario de obras públicas que se movilizaba hacia Zipaquirá, Cundinamarca, en bus. "Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días", señaló el ente acusador.
Los exmilitares implicados son Iván Ramírez Quintero, mayor retirado y quien para se entonces era coronel y ejercía como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia; Edilberto Sánchez Rubiano, coronel retirado y quien ocupaba el cargo de comandante de la Unidad de Inteligencia de la Brigada XIII: Fernando Blanco Gómez, coronel retirado y exsubcomandante; y Óscar William Vásquez Rodríguez, mayor.
También fueron acusados por estos hechos los sargentos Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
"La decisión emitida por la Fiscalía es de primera instancia y en su contra proceden los recursos legales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000", agregó.