Fiscalía citó a Álvaro Uribe a indagatoria y Petro le propuso declarar ante la JEP
Se discutirán casos de masacres, homicidios y nexos con paramilitares ocurridos en los años noventa en Antioquia
19 de junio de 2026Contenido
El presidente Gustavo Petro solicitó al expresidente Álvaro Uribe presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para declarar sobre hechos relacionados con el conflicto armado. El mandatario sugirió que esta acción contribuiría al esclarecimiento de la verdad histórica y al bienestar del país en el contexto de la coyuntura política actual.
La petición surgió después de que la Fiscalía General notificara al expresidente Uribe sobre su llamado a indagatoria. Este proceso judicial responde a investigaciones por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y vínculos con grupos paramilitares en la hacienda Las Guacharacas.
Estos casos judiciales se remontan a hechos ocurridos en la década de los años noventa en el departamento de Antioquia, cuando el expresidente ejercía como gobernador. Las investigaciones han sido seguidas por las autoridades judiciales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante años para determinar responsabilidades individuales e institucionales en estos actos de violencia.
La representación de las víctimas manifestó su conformidad con la decisión de la Fiscalía al considerar que se trata de un avance necesario en la búsqueda de justicia por los crímenes denunciados. Los procesos incluyen la participación de grupos paramilitares en el corregimiento de Ituango, así como las denuncias previas realizadas por el abogado asesinado por estas mismas disidencias en 1998, Jesús María Valle.
Este desarrollo judicial sucede a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que ha generado reacciones en el ámbito político nacional.
El presidente Petro hizo referencia a la coincidencia temporal de estos eventos y enfatizó la relevancia de abordar las responsabilidades legales ante la justicia transicional antes de la jornada electoral.
La defensa de Uribe
La representación del expresidente, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, analiza la implementación de acciones legales contra la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que citó la indagatoria.
La defensa legal de Uribe sostiene que el despacho fiscal tomó la determinación de avanzar con la indagatoria sin haber concluido el decreto y la recepción de pruebas que se encontraban en pleno desarrollo. De acuerdo con los argumentos de la defensa, dichos elementos probatorios fueron solicitados en los tiempos procesales oportunos y se consideran determinantes para demostrar la ajenidad del exmandatario en los hechos investigados.
El plazo legal establecido para el recaudo de los testimonios y evidencias solicitados por los defensores finalizaba el próximo 3 de julio, por lo cual Jaime Granados señaló que la funcionaria judicial anticipó el cierre de esta etapa de forma imprevista, dictando la medida de vinculación procesal a escasos tres días de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La defensa argumenta que esta resolución vulnera de manera directa el derecho al debido proceso y las garantías de contradicción de Álvaro Uribe Vélez.
También, la defensa enfatizó que el caso, que fue asignado a este despacho en el año 2022, no afrontaba riesgos inminentes de prescripción de la acción penal que justificaran omitir las declaraciones de los testigos que ya habían sido previamente aprobados.