Fiscalía descarta libertad por vencimiento a los homicidas de Sara Millerey
El caso se encuentra actualmente a la espera de que el Tribunal Superior de Antioquia resuelva un recurso de apelación
12 de junio de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación informó que no existe riesgo de libertad por vencimiento de términos para los dos hombres procesados por el homicidio de Sara Millerey González Borja, ocurrido el 4 de abril de 2025 en el municipio de Bello.
La Fiscalía aclaró que todas las actuaciones judiciales se han realizado dentro de los plazos establecidos por la ley, respondiendo así a las advertencias de los familiares de la víctima y de la Alcaldía local tras el aplazamiento de una audiencia el pasado 9 de junio.
El proceso penal ya cuenta con la aprobación de la totalidad de las pruebas técnicas y testimoniales presentadas por la Fiscalía ante el juez de conocimiento en la audiencia preparatoria. No obstante, la defensa de los procesados, identificados como Juan Camilo Muñoz Gaviria y Juan David Echavarría Zapata, interpuso un recurso de apelación contra dicha decisión, el cual deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Antioquia antes de dar inicio a la etapa de juicio oral.
Los hechos investigados se relacionan con la retención y posterior agresión física de la víctima, quien falleció dos días después del ataque debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras ser localizada en la quebrada La García. De acuerdo con el expediente judicial, existen indicios de que los presuntos agresores obstruyeron los intentos de auxilio por parte de los residentes del sector donde ocurrieron los hechos.
De manera paralela al caso de homicidio, la Fiscalía vinculó a ambos procesados a una investigación formal por el delito de concierto para delinquir, bajo la hipótesis de su presunta pertenencia al grupo delincuencial conocido como "El Mesa". Además, Echavarría Zapata pesa una nueva medida de aseguramiento por otro homicidio cometido en 2020, mientras que Muñoz Gaviria registra una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión.
La continuidad y el curso definitivo del proceso judicial quedan sujetos al pronunciamiento del Tribunal Superior de Antioquia respecto a los recursos interpuestos por la defensa. Diversas organizaciones de la sociedad civil y familiares de la víctima mantienen el seguimiento del caso a la espera de la resolución judicial correspondiente que permita avanzar hacia la sentencia definitiva.